Con los cambios introducidos en 2017 el contrato para la explotación del litio en el Proyecto Fenix, la Provincia de Catamarca le cedió a Livent derechos que le permitieron expandirse y concretar siete años después una transacción fabulosa: los derechos y la planta que tiene en la puna catamarqueña integran el paquete que junto a su socia, Allkem, vendió al holding minero Rio Tinto por 6.700 millones de dólares en efectivo.
Un gran interrogante se impone: ¿qué ganó Catamarca por ceder esos derechos? La Provincia tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en Minera del Altiplano-Livent.
Si no obtuvo nada de la multimillonaria operación, se asiste por lo menos, y en la más benévola de las interpretaciones, a un extraordinario caso de incompetencia.
La clave está en la modificación en 2017 de la cláusula 24.1 del convenio original, celebrado en 1991, practicada para introducir el párrafo: “Las partes acuerdan que FMC Corporation (Livent) y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo y sus modificaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en mercados de valores internacionales”.
“Sin el consentimiento de la Provincia”: es explícito. En realidad, la Provincia formalizaba su consentimiento para que la norteamericana Livent hiciera lo que quisiera sin consultarla.
Amparada en esta reforma, Livent se fusionó a principios de año con la australiana Allkem para conformar el gigante Arcadium, que concentró las operaciones ambas firmas en Catamarca, Salta y Jujuy. Arcadium comenzó a cotizar en bolsa y diez meses después le vendió todo a Rio Tinto por 6.700 millones de dólares.
Livent tiene el 44% del paquete accionario de Arcadium. Debe haber embuchado el mismo porcentaje de la cifra total, que serían 2.948 millones de dólares “cash”.
Para dimensionar el volumen del negocio, hay que considerar que los cambios en el convenio se hicieron para permitirle a Livent fondearse para una hacer inversión de 300 millones de dólares, acrecentar su producción y expandirse “sin el consentimiento de la Provincia”.
A cambio de esa inversión, saca siete años después casi 3.000 millones de la misma divisa en un cambio de manos: 10 veces más.
¿Qué obtuvo Catamarca de tamaña maniobra financiera? ¿Qué dividendos consiguió de liberar a Livent de la obligación de contar con su “consentimiento” para operar?
Enorme interrogante, que cobra mayor alcance con la misteriosa desaparición del contrato original de 1991, en el que deben estar los motivos por los que la Provincia tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en Minera del Altiplano-Livent. Alguien debe tenerlo, pero no está disponible para que el público lo contraste con las modificaciones. En el Boletín Oficial no está y las gestiones de El Ancasti para acceder a él fueron infructuosas.
Las sospechas sobre Livent que se reactivaron tras la multimillonaria venta se vuelven más intensas en cuanto se advierte la pertinaz pulsión fraudulenta de la firma, sancionada por la AFIP por subfacturar sus exportaciones. Esta maniobra no solo perjudicó al fisco nacional, sino también al provincial, ya que las contribuciones de la litífera se calculaban sobre el valor de venta de su producto.
Notable gambeta: ya se deshizo del Proyecto Fenix a cambio de una fortuna. Vaya uno a cobrarle ahora lo que adeuda.
Al margen de lo que diga la letra del contrato, las autoridades que lo firmaron consintieron que Livent operara sin el estorbo de la opinión de la Provincia titular de los derechos concedidos.
La incógnita que falta despejar es si fue por negligencia, ineptitud o algún otro motivo tan misterioso como el contrato de 1991.
