Los abogados Daniel Depratiz y Sebastián Ibáñez fueron imputados por “estafa en grado de tentativa”.
La fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Yésica Miranda insistió ante la Corte de Justicia con una denuncia por la presunta falsificación de una cédula de notificación. Por este hecho, los abogados Daniel Depratiz y Sebastián Ibáñez oportunamente fueron imputados por el presunto delito de “estafa en grado de tentativa”, el primero en calidad de autor y el segundo, como partícipe necesario.
En octubre del año pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos había confirmado que la causa se encontraba prescripta. Ante este revés, la representante del Ministerio Público Fiscal insistió con la acusación y presentó un recurso de casación en la Sala Penal de la Corte de Justicia catamarqueña.
La causa se inició en julio del 2017 y tuvo como damnificada a la madre de una persona que estaba detenida por un abuso sexual. El caso era investigado por el exfiscal de Instrucción de Séptima Nominación, Miguel Mauvecín, quien tomó conocimiento de que los abogados habían solicitado dinero a la madre del imputado y que le aseguraban que tenían influencia con el fiscal del caso. También le habrían manifestado a la mujer que Mauvecín les había expresado que efectuaran un pedido de caución. Por tal motivo le exigían la entrega de $10.000. La maniobra engañosa no fue concretada porque la madre del detenido informó lo ocurrido a la Fiscalía General.
La madre del detenido se dirigió a Fiscalía y relató lo acontecido. Además, le mostró la fotografía de una cédula de notificación que supuestamente había sido emanada por la Fiscalía N°7. En la cédula (en vez de Miguel decía Víctor Mauvecín), se "emplazaba" al acusado y a su defensor "para que en el término de 48 horas presenten el pedido de sobreseimiento". Si el acusado no cumplía con esa solicitud "será enviado a juicio oral con su inmediata detención", rezaba el documento falsificado.
De inmediato, el fiscal Mauvecín efectuó la denuncia penal en Fiscalía General. La investigación y posterior imputación fue realizada por la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación.
En agosto de 2020, Ibáñez y Depratiz fueron imputados por esta “falsificación”. En la investigación surgió que Depratiz estaba a cargo de la defensa del sospechoso y que había acordado el pago de sus honorarios con la madre de este. Posteriormente se contactó telefónicamente Ibáñez - quien no estaba a cargo de la defensa - para pedirle dinero a cambio de conseguir la desvinculación en el caso.
Por su parte, Depratiz se había contactado con el detenido para anunciarle que instaría el sobreseimiento, pero que debía pagarle los $10.000. Posteriormente, del celular de Ibáñez se envió la cédula de notificación "trucha", que no tenía las firmas del fiscal y del secretario. El escenario armado por los abogados no se condecía con la realidad, ya que no existía ninguna orden de excarcelación, ni tampoco había sido pedida la elevación a juicio.
