Argumentó que había perdido objetividad. No obstante, el Tribunal resolvió rechazar el planteo.
La octava jornada del debate que tiene como acusado al exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, se prolongó hasta horas de la tarde. Guaraz debe responder por abuso sexual y fraude a la administración pública. Al inicio de esta audiencia, la defensa –representada por el abogado Luciano Rojas- planteó la recusación del fiscal de Cámara, Alejandro Dalla Lasta Baroni.
La audiencia se desarrolla a puertas cerradas, habida cuenta de que uno de los delitos imputados es contra la integridad sexual. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, la defensa sostuvo que el representante del Ministerio Público Fiscal habría tenido temor de Guaraz. Esto se debe a que en la audiencia del jueves, mientras los testigos declaraban, el acusado habría tomado imágenes –video y fotos- a los representantes de la querella y de la Fiscalía. La querella advirtió esta situación y a la vez consideró que se trató de un acto intimidatorio. El Tribunal dejó asentada en acta esta situación. A la vez, se habría advertido sobre posibles riesgos, en caso de que se divulguen las imágenes de la audiencia.
Según la defensa, ante esta situación, el fiscal de Cámara habría perdido su objetividad. Esto habría causado un temor de parcialidad. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo y lo consideró improcedente, impertinente y dilatorio.
Tras el planteo, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver. Pasado el mediodía, se habilitó hora y se reanudó la audiencia. El planteo fue rechazado. Se indicó que pudo corroborarse en los registros de la audiencia que no se advirtió que el fiscal haya quebrantado su objetividad.
Luego, se dio continuidad con la declaración de los dos últimos testigos, propuestos por la defensa. Además, se desistió de la comparecencia de tres testigos, entre estos, el de su hermana Esther Guaraz.
Finalmente, se dio por concluida la ronda de testigos. El debate pasó a un cuarto intermedio, hasta el próximo viernes, con los alegatos.
En junio de 2021, una joven denunció a Guaraz, por entonces intendente de Santa Rosa. Para poder realizar la denuncia debió escapar del terruño de Guaraz y llegar a la Capital. Una vez aquí, realizó la denuncia en la sede de la Fiscalía General. La denunciante contó un hecho puntual, ocurrido en noviembre de 2019. El intendente se presentó con su camioneta en horas de la madrugada en la casa de la chica. Le insistió para que ingresara al vehículo “para conversar”. Una vez dentro del rodado, Guaraz arrancó la marcha y se llevó a la joven, contra su voluntad, a su casa. Al llegar, la hizo bajar del vehículo por la fuerza y la ingresó a su domicilio. Una vez ambos dentro, cerró la puerta con llave y comenzó a insultarla. Luego la agredió sexualmente. La joven permaneció encerrada en esa casa durante algunas horas.
En la primera audiencia de debate, desde el banquillo de los acusados, Guaraz reconoció que tuvo una relación de pareja con la denunciante. Además, expresó que tal vez se equivocó al haber tenido una relación con una muchacha tan joven. "Ella fue mi pareja por un tiempo largo pero por ahí en las parejas hay separaciones, distanciamientos", había declarado públicamente Guaraz a finales de 2022.
En la segunda jornada, la joven contó su versión. Su testimonio se prolongó durante cuatro horas y debió ser asistida por personal del SAME. A ello, se sumó, este martes en horas de la tarde, un posteo en su perfil de Facebook. "Es una lucha contra todo un sistema mafioso de poder. Realicé una denuncia hace ya tres años. La misma se encuentra en la instancia final del 'juicio'. Quiero hacer referencia en algo, yo propuse nada más que un testigo. Es mi palabra contra la de muchos empleados municipales de ese momento y contra mi 'familia', la cual dependió siempre económicamente de mi denunciado”, expresó la joven.
El testimonio de la profesional del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) del Poder Judicial que realizó la pericia psicológica oficial determinó que hay clara evidencia de abuso. Es decir, la pericia sostiene la denuncia realizada por la víctima.
