Al conformar la mayoría en el Jury para absolver al juez de Belén Miguel Ángel Aybar, la Corte de Justicia legitimó el jueves una coartada para la mora judicial que deja a la sociedad sin herramientas institucionales para defenderse de la inoperancia.
Es un desenlace extraño, porque fue la propia Corte la que impulsó el juicio político contra el magistrado por retardo reiterado de justicia, tras verificar demoras de hasta 15 años en nada menos que 455 expedientes del Juzgado Civil, Comercial y de Familia belicho a su cargo.
Las dilaciones fueron justificadas por Aybar y su defensa con las precariedades materiales de los juzgados del interior.
“Hay integrantes del interior en el Tribunal, saben de las dificultades y la falta de recursos. No hay ningún retardo que sea de responsabilidad exclusiva mía. Es el sistema que funciona así. Mi desempeño siempre fue bueno, que sea insuficiente, puede ser otro tema”, sintetizó el juez.
El argumento conmovió al presidente de la Corte Hernán Martel, presidente a su vez del Jury, quien sumó su voto a los del diputado Carlos Marsilli y los dos abogados del foro para salvar al encartado, contra la opinión de los dos legisladores del oficialismo y del fiscal del Jury, Augusto Barros, que pidió la destitución.
Al volver sobre los pasos de la Corte que instigó el proceso, Martel admitió así la pobreza de los elementos que tenía para iniciarlo.
Es un papelón que afecta el prestigio del máximo tribunal de la Provincia.
La decisión de enjuiciar a Aybar, cuya trascendencia institucional es enorme, se tomó después de sumarios y reconvenciones.
¿Cómo es posible que no se hayan advertido en esos trámites las fallas sistémicas denunciadas por el juez y sus defensores? Y si se advirtieron, ¿por qué fue juzgado el juez?
Variaciones del garantismo
El fiscal Barros señaló en su alegato el heterodoxo rumbo que había tomado el Jury y advirtió sobre el precedente que sienta la absolución.
“El Tribunal consideró que no hubo mora judicial y de acá en adelante será ésta la vara para medirla”, dijo.
Chocho de la vida, el aliviado Aybar reforzó por su parte esta jurisprudencia y se postuló como paladín de la reforma judicial.
Resaltó que no hubo mora judicial como tal, sino “atrasos”, debido a “la escasez de recursos”.
“Independientemente de mi situación personal, veníamos a mostrar lo que pasa en el interior. Creo que fue lo más positivo de esto. Se pudieron ver las dificultades que atravieso no solo yo, sino todos los jueces y fiscales del interior. Ojalá éste sea el puntapié inicial para una reforma judicial que el interior necesita”, explicó.
Es una casualidad que se le haya ocurrido asumir tan esclarecedor papel recién cuando se le destaparon casi medio millar de causas paradas. Suerte que estaba Martel al frente del Jury.
Se asiste a una variación del controvertido garantismo: no es que el juez sea malo, el sistema lo hace malo.
El juez como víctima sistémica: un verdadero hallazgo jurídico en el que podrían refugiarse otros funcionarios judiciales en aprietos.
El juez de Garantías Rodolfo Maidana y el fiscal de Instrucción Hugo Costilla insinuaron su aplicación en el Jury que se les sigue por las “absoluciones pagas”. Ambos alegan que el Código de Procedimientos Penales –que viene a ser el “sistema”- no les impedía aplicar el mecanismo de la conciliación entre víctimas y victimarios por el que extinguieron la acción penal contra los cuatro responsables del asalto a mano armada contra el reo de criptoestafas Matías Rolón Reynoso.
La sentencia fue anulada por la Corte por “cosa juzgada írrita” tras una minuciosa y lapidaria investigación fiscal, pero podría asimilarse este fallo con los sumarios y recriminaciones que precedieron el juicio político a Aybar.
De lo abstracto a lo concreto
El Jury contra Aybar mutó en juicio al sistema judicial y, con la anuencia nada menos que del Presidente de la Corte, la condena se trasladó del juzgado al juzgador: del juez al sistema que lo procesó.
Pero que la culpa sea del “sistema” es lo mismo que decir que la culpa es de nadie.
El “sistema” es una abstracción sobre la cual resulta imposible accionar. No se puede juzgar al “sistema”, ni someterlo a juicio político, ni hacerle sumarios, ni sancionarlo. Tales procedimientos se aplican sobre los sujetos concretos que lo integran, llegado el caso sus instituciones. El Estado, por ejemplo, es una materialización del difuso “sistema”: no se litiga contra el “sistema”, sino contra el Estado.
Pueden extrapolarse interesantes reflexiones desde estos presupuestos, ya que el dichoso “sistema” cuya invalidación le permitió a Aybar conjurar la destitución está encarnado en su cúspide por la Corte, representada en el tribunal del Jury por Martel.
La Corte, entonces, se condenó a sí misma, para colmo en un proceso iniciado también por ella misma. Para completar el bochorno, faltaría ahora que Aybar se declare afectado por el escarnio público al que fue sometido debido a un juicio político gatillado y llevado hasta la sentencia con tamaña liviandad y demande a la Corte, en su calidad de administradora del “sistema”, por daños y perjuicios.
Postergada por estas apasionantes especulaciones leguleyas está la sociedad.
Sea por responsabilidad de Aybar, de la Corte o del cómodo “sistema” al que se le puede endilgar sin mayores inconvenientes ni efectos cualquier desastre, lo cierto es que no sólo no hay culpables por la mora judicial: ni siquiera hay mora judicial.
La que padece esta deficiencia atribuida a un ente inasible es la gente, condenada a peregrinar durante años por los inextricables laberintos de tribunales si pretende resolver sus diferencias en el marco de la ley.
Para no errar en los cálculos sobre la duración de un litigio, conviene recordar que el Juzgado capitaneado por Aybar es de primera instancia. A los prolongados plazos que allí se consideraron aceptables y fuera del concepto de mora judicial deben añadirse los de las vías recursivas.
Es más razonable esperar que a Edgar Bacchiani le crezca la melena que una sentencia definitiva del “sistema”.
