Sigue el escándalo por el acuerdo absolutorio entre la banda integrada por Diego Arroyo, Camilo Carrizo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, y la víctima del asalto en Parque América, Matías Rolón Reynoso.
El diputado nacional quiere saber si la Procuración tenía conocimiento del acuerdo entre la banda criminal y Matías Rolón Reynoso por la reparación tras el asalto de Parque América.
Sigue el escándalo por el acuerdo absolutorio entre la banda integrada por Diego Arroyo, Camilo Carrizo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, y la víctima del asalto en Parque América, Matías Rolón Reynoso.
A pesar de que días pasados el fiscal general, Alejandro Gober, y el procurador general, Tristán Lobo, anticiparon que "revisarían" las absoluciones pagas, ahora el diputado nacional Francisco Monti (UCR) presentó un escrito en la Corte para que le den explicaciones respecto de los criterios de aplicación, con la intención de conocer si el accionar del fiscal Hugo Costilla y el juez de garantías Rodolfo Maidana es un hecho aislado o si existen parámetros a tener en cuenta.
En este sentido, Monti dirigió la nota al Procurador General. En ella le preguntó si previo a este expediente "existía instrucción y/o resolución para los fiscales, respecto a las Políticas Criminales aplicables como directrices para la disponibilidad de la acción por criterio de oportunidad, reconciliación o reparación integral".
En el mismo sentido, le preguntó al Procurador si tenía conocimiento o fue consultado sobre la decisión de someter la causa a reconciliación o reparación integral antes de que el fiscal Costilla adoptara la medida.
"¿Son aplicables a casos donde el pronóstico punitivo de la pena en abstracto es de condena efectiva? ¿Son aplicables a casos donde existen personas condenadas previamente a prisión efectiva por otro hecho, o condenas a prisión condicional, o que tenga antecedentes penales? ¿Son aplicables a casos donde existe afectación del interés público? ¿Son aplicables a casos donde existe criminalidad organizada de cualquier índole, sea grupo u organización criminal? ¿Son aplicables a casos donde existen multiplicidad de delitos alcanzados por más una calificación legal y alguna de ellas o en conjunto surja en abstracto una pena efectiva?", interpeló el diputado nacional al representante de los fiscales en el Ministerio Público.
Monti insistió en que por el asalto armado fueron sindicadas cinco personas, de las cuales cuatro resultaron detenidas e imputadas por “robo doblemente agravado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda en calidad de coautores”, mientras que la quinta "se mantiene prófuga con complicidad de los coautores".
"Adviértase que el pronóstico punitivo en abstracto del delito para el caso en cuestión tiene un mínimo de pena que asciende a cinco años de prisión, por lo que la pena que afrontarían los imputados sería de cumplimiento efectivo", reparó el legislador y remarcó que dos "estaban con prisión preventiva, y otros imputados con libertad bajo fianza y restricciones". La prisión preventiva pesaba sobre Arroyo por su historial criminal, que según el juez Maidana hubiera permitido declararlo "reincidente por séptima vez", y sobre Pacheco, que tiene domicilio en Mendoza y por su desarraigo se consideró que existía riesgo de fuga. Carrizo y Nieva habían sido liberados con restricciones, lo que provocó críticas incluso de los Rolón Reynoso, que explicaron que "temían por su vida" y renegaron de las conexiones políticas de Carrizo: es hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo (UP), y primo de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura.
La particularidad de este acuerdo está dada por su conexión con una de las causas de las criptoestafas piramidales, ya que Rolón Reynoso es uno de los imputados en el expediente de RT Inversiones y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria al momento del asalto. De hecho, uno de los imputados reconoció que conocía a Rolón Reynoso por esa financiera y que la intención de la emboscada era cobrarse una deuda impaga.
La semana pasada, el procurador general, Tristán Lobo, y el fiscal general, Alejandro Gober, emitieron un comunicado en el que informaron que se revisará el acuerdo que avaló la Justicia y que permitió el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro hombres que estuvieron imputados por el asalto en Parque América. No obstante, aclaró que las actuaciones de la Fiscalía en el caso y en otros hechos similares no son vinculantes, por lo que la responsabilidad final es exclusiva del juez. De esa forma, el Ministerio Público salió al respaldo del fiscal Hugo Costilla, desvinculándolo de la homologación del acuerdo emitido por el juez de Control de Garantías, Rodolfo Maidana. La aclaración llegó luego de una crítica del propio diputado nacional Francisco Monti.