En un contexto de crisis inédita de las rutas nacionales por el abandono de obras como consecuencia del ajuste estatal y el mantenimiento mínimo que no impide el pronunciado deterioro, algunas provincias procuran asumir el manejo de esos corredores viales. Una de esas provincias es Catamarca. La idea es que las provincias asuman la gestión, mantenimiento y posible explotación de esas rutas y las entregue a una empresa privada o, eventualmente, a las vialidades provinciales.
A diferencia de otras provincias, donde las rutas atraviesan regiones densamente pobladas, con mucho tránsito de pasajeros y circulación de producción, en Catamarca las rutas nacionales tienen una circulación mucho menor, por lo que la rentabilidad para un eventual concesión con el cobro de peajes es nula.
El mantenimiento de las rutas nacionales es, verdad de Perogrullo, responsabilidad del Gobierno federal. Que los estados subnacionales asuman tales competencias comprometerían sus finanzas, salvo en algunos corredores rentables. Pero aun en esos casos, ponerlos en condiciones luego de más de un año de desinversión en obras sería demasiado costoso, para las provincias y tal vez también para inversores privados.
Algunos estudios realizados por profesionales con conocimiento de la problemática estiman que en Catamarca solo sería rentable, por el volumen de tránsito, el tramo de la Avenida de Circunvalación, que abarca apenas 11 kilómetros. Como la mayoría de los vehículos circulan localmente, es decir, entre Capital y Valle Viejo, si se cobrase peaje es probable que transiten por caminos alternativos, con el consiguiente agravamiento del problema que había solucionado precisamente el paso externo mencionado, esto es, la congestión en arterias urbanas y el deterioro de la infraestructura vial de las ciudades.
Según los cálculos actuales de la Asociación Argentina de Carreteras, construir un kilómetro de ruta en terreno llano cuesta aproximadamente 700 mil dólares, un millón cien mil en terreno ondulado y un millón seiscientos mil en montaña. Cifras que son inalcanzables para las provincias.
Poner en condiciones rutas deterioradas es también muy costoso. Por ejemplo, acondicionar la ruta nacional 38 en el tramo desde el límite con La Rioja hasta el ingreso a San Fernando del Valle de Catamarca (72 kilómetros) costaría casi 5.000 millones de pesos, incluyendo trabajos de bacheo, fresado parcial de calzada, reconstrucción de banquinas, señalamiento horizontal y señalamiento vertical, entre otros trabajos.
Si buena parte del superávit de las cuentas fiscales nacionales se debe al ajuste a las finanzas de los estados subnacionales, es imposible que las provincias continúen asumiendo responsabilidades y competencias federales. Antes bien, lo más razonable sería que gobernadores, intendentes y representantes de empresas cuyos productos circulan por las rutas en pésimo estado, exijan al Gobierno nacional que asuma su responsabilidad y financie obras de reparación, mantenimiento y construcción de nuevas rutas. El daño que ocasionan los caminos en mal estado es mucho mayor que el beneficio del ahorro para equilibrar las cuentas fiscales.
