Los padres de 13 niños víctimas aceptaron un juicio abreviado porque la tramitación demoró siete años.
En un juicio abreviado, el 18 de marzo las hermanas Yésica Ana Celeste y Elsa Romina Ferreyra reconocieron que vejaron a 13 niños de entre dos y cuatro años mientras se desempañaban como auxiliares docentes en el Jardín Maternal Mis Pequeñas Sonrisas, que nunca contó con una habilitación oficial.
Las dos violentas fueron condenadas en el Juzgado correccional N°2 por “13 hechos de lesiones leves en concurso real y en calidad de coautoras” ocurridos en el año 2018, y sentenciadas a 13 meses de prisión en suspenso.
Siete años debieron esperar los padres de los niños para llegar al esclarecimiento de los hechos, obtener una sentencia de culpabilidad y una condena. Las dos reconocieron los hechos y con la confesión, las partes intervinientes llegaron a un acuerdo.
Los padres estaban cansados de la densa tramitación judicial cuando la causa fue elevada a juicio por el fiscal de Instrucción de Quinta Nominación Hugo Costilla en el año 2022.
El hastío fue creciendo ante la posibilidad de que los tiempos procesales se alarguen aún más si las dos agresoras no accedían a un juicio abreviado aceptando de esta manera no recurrir el fallo y la condena acordada.
El inicio del juicio tuvo varias postergaciones por mora judicial, trámites burocráticos y maniobras dilatorias efectuadas por la defensa de las imputadas.
Según fuentes judiciales, el juez Correccional computó un mes de prisión por cada hecho endilgado (por ser en concurso real se suman), y las condenó a 13 meses de prisión en suspenso.
Además, impuso una pena de inhabilitación especial complementaria a Elsa Romina Ferreyra para ejercer como docente, por el doble del tiempo de prisión, o sea 26 meses.
Por cada hecho se pudo computar entre uno y dos años de prisión. Si se hubiera contemplado el máximo, la sentencia habría sido de 13 años. Además, si hubieran sido condenadas a más de tres años de cárcel, la condena hubiese sido de cumplimiento efectivo.
El acuerdo fue primeramente gestionado entre la defensa y la Fiscalía para poder arribar al juicio abreviado, y a esa base del acuerdo se sumó el consentimiento de la Defensoría de Menores y de la querella, que representa el interés de los padres de los niños.
Las dos mujeres llegaron a juicio en libertad y siguen libres por mandato judicial y acuerdo entre las partes. Otras fuentes explicaron que las familias estaban agotadas y que el debate pudo durar más de dos semanas, ya que había muchas pericias y cerca de 15 testigos para declarar.
En algunos casos los padres tuvieron inconvenientes laborales y fuertes pérdidas económicas.
Si se hubiera decidido proceder con un juicio ordinario, las condenas muy probablemente habrían sido menores a tres años y por ende de cumplimiento condicional, que luego los abogados defensores podrían recurrir ante a Corte de Justicia y en distintas instancias prolongando los tiempos procesales.
