Legado. Con la defectuosa estatización de ypf, kicillof le dejó a la argentina un clavo de u$s 16.000 millones.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza neoyorkina Loretta Preska solicitó al Gobierno argentino que informe dónde está el oro del Banco Central que salió de las reservas hacia Londres el año pasado e identifique las cuentas soberanas ubicadas en EEUU, incluidas las pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, y las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial.
Preska respondió a un pedido del fondo Burford Capital, que le compró los derechos de litigio al Grupo Eskenazi después de su quiebra administrada en la justicia de España y es el beneficiario mayor del fallo que condenó el país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la defectuosa estatización de la petrolera realizada en 2012. Burford busca bienes para embargar.
Ordenado por Cristina Kirchner y monitoreado por el entonces secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, la ejecución del procedimiento estuvo a cargo de Axel Kicillof, que pasó de vice a ministro de Economía durante las maniobras.
Kicillof se apartó de las prescripciones establecidas en los estatutos de la empresa, que obligaba a quien comprara más del 15% del capital social de la firma a realizar una oferta pública en la Argentina y Estados Unidos a quienes ya tuvieran acciones o valores convertibles de la misma sociedad.
Los perjuicios de esta omisión se agravaron cuando se le pagaron 5.000 millones de dólares a Repsol por la confiscación de sus acciones y se firmó un acuerdo por el cual se admitía que Repsol tenía derecho a reclamar por la violación del Estatuto, pero que se negaba a hacerlo.
Según el periodista Carlos Pagni, “hubo varios avisos sobre el riesgo que entrañaba esa aceptación. Existen e-mails del abogado externo Edward Scarvalone, dirigidos a varios funcionarios de Cristina Kirchner, alertando que si se le reconocía a Repsol esa prerrogativa, el Estado nacional se exponía a reclamos de otros accionistas. Esas alarmas fueron ignoradas”.
El legado de Kicillof pende como espada de Damocles sobre la Argentina. La administración de Javier Milei espera obtener alguna ventaja con Donald Trump, pero la Justicia norteamericana parece dispuesta a hacer cumplir sus sentencias.
La Argentina tiene seis semanas para reportar la información requerida por Preska. Una vez que lo haga, los beneficiarios del fallo la revisarán y comunicarán a la jueza qué es lo que quieren embargar. Ella decidirá qué es embargable y qué no.
En mayo del año pasado, Preska le exigió a la Argentina demostrar que YPF y el Estado argentino no representan los mismos intereses.
En la audiencia, las partes presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades administradas por el Estado son representativas del país y, por lo tanto, se podía avanzar sobre ellas con embargos. Aparte de YPF, en la lista de empresas "alter ego" del Estado nacional en la mira estaban Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, Arsat y el Banco Nación, entre otras.
Camiones de caudales del BCRA con lingotes de oro salieron a mediados del año pasado, presuntamente rumbo a Londres, según el Gobierno para usarlos como garantía para obtener rentabilidad. El Central nunca dijo, específicamente, adónde habían enviado los lingotes. En total se trasladaron seis toneladas de oro.
En ese momento, generó preocupación en algunos analistas del mercado que el oro del BCRA, que forma parte de las reservas, saliera de la bóveda hacia el exterior. Advirtieron que ponerlo como garantía de inversiones implicaba un riesgo alto para un activo tan importante.
Una de las mayores amenazas que se consignaron era el embargo, que el pedido de la jueza Preska para conocer el paradero de los lingotes y la cantidad que hay en el exterior reactiva.
