La renuncia a sostener el “One Shot Plus” y el “Días de Ensueño” es el indicio más claro de las dificultades económicas que el Gobierno espera enfrentar para mantener sus finanzas equilibradas en un contexto signado por la incertidumbre global y nacional.
Se trata de sus dos políticas más taquilleras, por la sinergia virtuosa entre la ampliación del poder adquisitivo de los catamarqueños y el estímulo al comercio.
Resignarlas no ha de haber sido fácil en el año electoral, pero la necesidad tiene cara de hereje: resulta imposible continuar financiándolas sin hacer colapsar unas cuentas públicas erosionadas por la caída sostenida de los ingresos, más aún cuando habían comenzado a distorsionarse para encubrir abusos, fraudes y usura.
La suspensión de este insumo proselitista se complementó con la reversión de los aumentos salariales en los planteles superiores y políticos de la administración pública, la eliminación de un tercio de los ministerios, que bajaron de 18 a 12, y la concentración del monitoreo del gasto general en el de Economía, que absorbió a Obras Públicas.
La fusión de estas dos carteras es la que mejor marca el cambio de etapa.
El gobernador Raúl Jalil dejó el comando en manos de Juan Marchetti, que venía desempeñándose al frente de Obras Públicas y desplazó a Alejandra Nazareno, mujer de su estrechísima confianza y eficaz funcionaria.
El contexto manda. Es obvio que Marchetti tiene que congeniar la escasez de recursos con la inversión en obras públicas, el pilar de la gestión más importante que queda en pie con la salida de los programas de descuentos y reintegros.
Jalil mostró la punta de esta intención con su particular estilo. “Si no podemos entregar casas, haremos veredas”, dijo. La cuestión es mantener la mayor actividad posible.
Una lectura similar puede ensayarse con la subordinación de Industria al Ministerio de Producción, al mando de Juan Cruz Miranda.
El Gobierno nacional no solo cortó la inversión en obras públicas, sino que también dejó a la intemperie al sector industrial con la apertura de las importaciones con un dólar subvaluado. No puede esperarse que retroceda en estas decisiones, ni que libere fondos para tales objetivos, de modo que tampoco tiene sentido mantener la autonomía de Industria para que el ministro trajine despachos en busca de respaldo nacional.
Adaptación
Visto así, el reordenamiento del gabinete tiene más que ver con una adaptación a las circunstancias que con el ahorro.
Lo que se aproxima a su límite es la capacidad económica y financiera del Gobierno para blindar a la Provincia de los efectos de la política nacional. El gabinete se orienta para atenuar el impacto de la motosierra.
El derrumbe de la coparticipación de enero a marzo fue del 16,4%, consigna el Gobierno.
La oposición aplica el criterio interanual y sostiene que, en realidad, subió de marzo a marzo. Son ejercicios teóricos. La asfixia no deviene solo de las fluctuaciones de la coparticipación, sino de la deserción de la Casa Rosada, que para dibujar su superávit fiscal cercenó giros que formaron parte siempre de los ingresos provinciales, como el del Fondo de Incentivo Docente o las partidas del impuesto a los combustibles, al tiempo que cerró los grifos de ATN con escasísimas excepciones.
El Gobierno fue cubriendo estos huecos con fondos propios, al mismo tiempo que financiaba los programas de descuento y la obra pública. Aguantó un año, pero el desplome de la coparticipación del primer trimestre de 2025 aceleró la llegada al cuello de botella y lo dejó sin margen de maniobra.
La situación sería más dramática si los gobernadores no hubieran forzado en el primer semestre de 2024 que el paquete fiscal se discutiera disociado de la Ley Bases, para reponer el impuesto a las Ganancias.
El control de la inflación ha tenido costos altísimos en términos de caída de la actividad, el consumo y la recaudación. La inestabilidad y el estrés institucional generados por el estilo de Milei se agravaron con su experimento con la criptomoneda LIBRA y operan como disuasivos para inversiones significativas y de largo alcance y la balcanización política incrementa la incertidumbre.
Frente a tan promisorio escenario se previene el Gobierno provincial.
El frente municipal
Pocos enclaves ilustran sobre la profundidad del desfasaje entre ingresos y gastos provinciales mejor que el energético.
Las boletas que la EC SAPEM debe pagarle a la mayorista CAMMESA por la energía que distribuye se multiplicaron por diez en un año: de mil a 10.000 millones de pesos. Un sablazo que los aumentos aplicados sobre los usuarios catamarqueños no llegan a compensar.
Con esta encerrona como trasfondo, se produjeron incidentes en Recreo que marcan el cabo que al Gobierno le resta atar para cerrar su programa de adaptación a la motosierra.
Recreo registró un desmesurado incremento del consumo de energía en el verano, prácticamente el doble que en el resto de la Provincia. Esta disparada se tradujo en boletas impagables para una población mayormente empleada por el municipio con salarios paupérrimos y se desencadenó una suerte de revuelta.
La EC SAPEM envió refuerzos para atender los reclamos y discriminar eventuales errores de facturación de consumos disparatados.
El foco de conflicto parece haberse sofocado, pero el detalle más llamativo fue la conducta del intendente Luis Polti, que se desentendió de la crisis y la dejó librada a su propia dinámica, lo que implicó en los hechos estimularla.
Este tipo de deserciones son típicas entre jefes comunales acostumbrados a trasladar sus problemas al Gobierno. Los sistemáticos auxilios provinciales para pagar aguinaldos son el ejemplo más conocido de esta práctica, condensación de una autonomía mocha: solo para gastar, del financiamiento se ocupa el Tesoro Provincial.
La caída de la coparticipación viene a interrumpir tan cómodo modelo administrativo: los intendentes se les restringen los fondos por ese concepto y el Gobierno no está en condiciones de darles cobertura porque le pasa lo mismo. El espacio para las prescindencias al estilo de Polti es inexistente.
El viernes el Gobierno los reunió para analizar las proyecciones de la crisis. Estuvieron también los enfilados con la oposición y se acordó coordinar acciones de control del gasto para que lo hecho a nivel provincial baje a las comunas.
La disciplina municipal es lo que queda por afirmar para terminar de montar el escudo contra la motosierra en el año electoral.
