Hernán Rausch, sobreviviente de un caso, manifestó su apoyo a los denunciantes del cura López Márquez.
Eduardo López Márquez será el primer sacerdote acusado por abuso sexual en ser sometido a un juicio por jurados en el país. Se trata del cuarto cura catamarqueño en ser denunciado por delitos contra la integridad sexual y el tercero en ocupar el banquillo de los acusados.
Además, es el primero en tener dos causas por abusos. Catamarca ya cuenta con los antecedentes de dos sacerdotes condenados y un tercero que fue denunciado e imputado pero falleció durante el proceso, sin poder ser juzgado por la Justicia de los hombres. A esta situación, se suman las causas de tres catequistas y profesores de Religión catamarqueños imputados también por ultrajes a niños, niñas y adolescentes.
En el transcurso de la semana, Hernán Rausch, denunciante del cura Justo Ilarraz, en Entre Ríos, condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusos sexuales eclesiásticos contra niños y adolescentes seminaristas, llegó a Catamarca para manifestar públicamente su apoyo a Gustavo Batallán y a Luis Monjes, los denunciantes del cura López Márquez. El caso Ilarraz sentó un importante precedente judicial en el país e impulsó la sanción de la Ley Nacional 27206 de Respeto al Tiempo de las Víctimas. La normativa modificó artículos del Código Penal Argentino en relación con la no prescripción de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. La prescripción comenzará a computarse a partir de la denuncia o ratificación realizada por la víctima. No importa la edad que tenga quien denuncia, ni cuanto tiempo haya transcurrido desde los hechos denunciados. Además, se establece la pena de inhabilitación especial perpetua para los casos en que el victimario se hubiera valido de empleo, cargo, profesión o derecho para cometerlo.
“El punto de partida para las víctimas es mirarse al espejo y decir ‘a mí me lo hicieron’. Desde ahí avanzar porque no se puede ir hacia atrás. Depende de nosotros. Es muy difícil comprobarlo. Un abusador no lo va a hacer en público”, advirtió Hernán, durante la conferencia de prensa organizada por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos.
Estuvo acompañado por Alejandra Carrizo, referente catamarqueña de la Red, Gustavo y Luis, los denunciantes del sacerdote López Márquez, y los abogados querellantes Sebastián Ibáñez y Silvia Barrientos.
Para Hernán, la clave en esto es “la constancia, no bajar los brazos. Insistir y hacer hincapié. Para quienes no vivieron esas circunstancias, no es lo mismo. A mí nadie me lo contó; lo viví desde adentro, en carne propia. Ilarraz vio lo vulnerable de nosotros”, remarcó.
A la vez, dejó en claro que las víctimas de violencia sexual atraviesan por un proceso, que puede llevar años. “Las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren. Desde hace años lo vengo procesando”, contó.
Además del precedente judicial, el caso Ilarraz sentó un precedente eclesiástico. Hernán comentó que días pasados, el papa Francisco quitó el estado clerical a Ilarraz. “Esto debería sumar. Los equivocados son ellos.
El Papa, el jefe de la Iglesia Católica nos dio la razón. Deberían los obispados enfilarse detrás nuestro”, estimó.
Los delitos contra la integridad sexual son considerados delitos de poder, de sometimiento. Las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes suelen suceder en el entorno familiar o más cercano, como la escuela, el club o la iglesia. Los victimarios aprovechan esa situación para someter a sus víctimas.
“Ilarraz era confesor, sacerdote, prefecto de disciplina, profesor. Tenía muchos cargos. Éramos niños. Teníamos 13 años. Las familias depositaban su confianza. Abusó de la confianza de las personas. Manipuló la confianza de las familias, de nuestros padres”, remarcó.
Para Hernán, el camino de la Justicia es largo pero se debe tener la intención de dar el primer paso para comenzar a avanzar. “Este acompañamiento es importante. Es decir ‘se puede, con verdad y constancia’. Primero hay que reconocer sin avergonzarse ‘me pasó’ y dejar de lado los prejuicios y qué van a decir”, consideró.
Los abusos sexuales eclesiásticos presentan características. Por lo general, los agresores con sotana se aprovechan de la situación de vulnerabilidad. Los casos denunciados en Catamarca sucedieron fuera de la Capital, en Belén, Andalgalá, La Paz y Chumbicha, lejos de la sede del Obispado, ubicado en San Martín al 600, en pleno microcentro catamarqueño.
"Era el más chico y el más humilde del grupo", había declarado el joven que acusó al sacerdote José Renato Rasgido por haberlo ultrajado. En abril del año pasado, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación lo halló culpable en dos hechos de “abuso sexual simple” y dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal”, ambos “agravados por ser ministros de culto”. El Tribunal impuso una pena de 15 años de prisión aunque mantiene la libertad hasta que el fallo quede firme. “El padre comenzó a prestarle más atención porque era el más chico y humilde del grupo, empezó a acercarse a él”, se advirtió en los fundamentos de la condena.
“El imputado José Renato Rasgido, valiéndose de su condición de sacerdote, manipuló deliberadamente al chico por medio de regalos y ayudas económicas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad con el claro y único fin de satisfacer sus deseos sexuales. En tal empresa, evidenció una clara obsesión por el adolescente, mediante un hostigamiento y control permanentes no sólo por vía telefónica sino en los diferentes ámbitos en los que frecuentaba. Ante la resistencia del adolescente tuvo que recurrir a la violencia y amenazas para doblegar su voluntad a fin de concretar su designio criminal. Es un delito doloso”, detalló.
En abril de 2021, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación declaró culpable al sacerdote Juan de Dios Gutiérrez por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso" y lo condenó a la pena de 12 años de prisión.
“Existió un aprovechamiento indebido para coartar la libertad de la joven. El imputado la cargaba con el peso del secreteo de la confesión, de que todo se borra con la confesión, lo cual ha generado en la joven, sentimientos de culpa, angustia, vergüenza, confusión, coerción”, se precisó.
De esta manera, se acreditó el desprecio del acusado para con la adolescente. En su situación de vulnerabilidad, no la ayudó. “Gutiérrez se burló de ella, la engañó, la manipuló y la cosificó”, consideraron.
Con respecto a López Márquez, la jueza de Control de Garantías de La Paz, Corina Pérez, en su resolución de elevación a juicio advirtió “la relación de autoridad y poder que ejercía López Márquez, a raíz de la amistad y relación familiar que había con el denunciante”. A la vez, enfatizó sobre “la marcada incidencia que tenía (el acusado) en sus vidas”.
Además, precisó que de acuerdo con los informes provenientes del Obispado de Catamarca permiten colegir que López Márquez era ministro de culto católico. En el tiempo señalado por la víctima, el religioso estuvo afectado al servicio de la Parroquia San Roque y en los años señalados compartieron la casa parroquial.
