La condena por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad dictada contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz remató un juicio durante el cual quedó expuesta la trama de complicidades que amparó al reo durante más de tres lustros. La sentencia se circunscribe a las agresiones sexuales perpetradas contra una adolescente, pero el proceso tiene alcance político sistémico.
El primer elemento revelador fue, contra lo que podría suponerse, la brevedad de la instrucción.
Si se consideran los quelónicos tiempos que caracterizan la gestión de la Justicia catamarqueña, la velocidad con que se tramitó el expediente Guaraz es excepcional. La víctima radicó la denuncia en junio de 2021, apenas dos años y tres meses separan el inicio de la causa de la sentencia de primera instancia.
La satisfacción por tamaña eficacia procesal no puede ser completa por un detalle: Guaraz dejó de ser intendente en diciembre, desplazado por un esquema tan oficialista como él. Es decir: como Guaraz dejó de serle funcional en el Este catamarqueño, el poder no tiene ya ningún estímulo para apañarle las tropelías.
Esta conjetura se eslabona una cualidad común entre los testigos que lo favorecieron, mucho más numerosos que los que lo perjudicaron. Todos estaban condicionados por la dependencia política, económica o afectiva con él, cosa que no puede extrañar porque todos eran de Santa Rosa y todos, incluidos familiares de la denunciante, le deben algo a quien comandó el municipio a lo largo de cuatro mandatos.
El aporte a la causa de este grupo consistió en testificar que no sabían nada de los ultrajes, que la chica mantenía una relación de pareja con el exintendente y que era “muy celosa”, por no decir tóxica. O sea: en desacreditar a la víctima y atribuir su denuncia al despecho.
¿Y qué otra cosa iban a decir?
Aparte de la gratitud, el eventual cariño o el temor hacia capanga de tan extensa gravitación, declarar que sabían lo que ocurría equivalía a autoincriminarse como encubridores.
Denuncia clandestina
La joven tuvo que escaparse de Santa Rosa para hacer la denuncia en la Capital porque en el feudo de Guaraz nadie quería darle trámite y no contaba ni siquiera con la solidaridad de su familia. Se vio obligada a la clandestinidad para dar cuenta de su tragedia. Mientras se desarrollaba el juicio, circuló un audio en el que su madre, que la contradijo, le insistía que acordara con Guaraz para voltear el proceso.
Contra ese frente montado hábilmente por la defensa, la Fiscalía y el tribunal priorizaron la declaración de la víctima, la pericia psicológica que corroboró su consistencia y la existencia de abusos y el testimonio de una pariente que la acompañó a hacer la denuncia y la contuvo anímicamente, del que surgió otro ingrediente sugestivo.
La mujer testificó que, en una de las separaciones que tuvo en el tormentoso vínculo con Guaraz, a principios de 2020, la denunciante le contó la situación que vivía y ella le dio amparo en su casa. La testigo trabajaba en el Ministerio de Educación, por entonces a cargo del actual intendente de Pomán, Francisco Gordillo, quien la relevó de sus funciones para restituirla recién cuando la denunciante reanudó la relación con el todavía intendente. Tipo gaucho, este Gordillo, tan preocupado por la estabilidad emocional de ese toro enamorado de la luna.
Una psicóloga de la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social aseguró que intervino en el caso pero que el informe que elaboró al respecto nunca ingresó en el sistema.
Estas evidencias son agravantes adicionales a la confesión del propio Guaraz, vertida hace un año ante la prensa y luego en el juicio: cuando se inició la relación sentimental, la denunciante tenía solo 16 años y él más de 55.
Cualquiera que admitiera tan suelto de cuerpo tamaña asimetría sería sometido de inmediato a los más rigurosos procedimientos judiciales, prisión preventiva incluida.
No Guaraz, que incluso se da el gusto de alardear sobre su competencia como padrillo y rezonga por la toxicidad de su víctima, que recién empezaría a purgar los 9 años de prisión que le asignaron cuando la sentencia quede firme… si queda.
Protección política
Una de cal y una de arena. Elpidio fue condenado por los abusos, pero absuelto por fraude a la administración pública, acusación para la que prosperó una coartada invulnerable sin el concurso del espiritismo: le echó la culpa de las transgresiones a quien fue su secretario de Hacienda, muerto el año pasado.
La impunidad administrativa del personaje es otro de los elementos que corroboran el blindaje político e institucional del que se benefició mientras garantizaba triunfos en Santa Rosa. En los 16 años que estuvo al comando del municipio no dejó transgresión y delito por cometer, agotó los códigos Penal y Civil con una desfachatez que terminó por convertirlo en emblema de los abusos de poder.
En ese trayecto de dislates e iniquidades, se recuerda solo un enfrentamiento que tuvo a propósito de una de sus tradicionales malversaciones en 2018 con el actual intendente de la Capital, Gustavo Saadi, que por entonces se desempeñaba como ministro de Gobierno. También un chirlo que le sacudió en la tabla del cogote un subsecretario de Asuntos Municipales durante una reunión con intendentes, que le desacomodó las muelas sin llegar a acomodarle las conductas.
Elpidio, como hizo con la denuncia por abuso sexual, apeló para justificarse siempre al pretexto de las conjuras políticas, argumento que no por trillado dejó de ser admitido por sus socios provinciales y capitalinos.
En ese marco, y en lo que concierne al palmario y confeso sometimiento de una menor de edad a sus apetitos, reluce la tolerancia de sectores afines al oficialismo supuestamente comprometidos con las luchas de género, con excepciones tan honrosas como insuficientes como para desmentir la complicidad oficialista.
Al respecto, el bloque de diputados del oficialismo rechazó un repudio a Guaraz planteado por la oposición el año pasado y le tiró el fardo a la mora judicial que, como ya se señaló, no existió en este caso.
Tampoco hubo pronunciamientos sobre la estrafalaria “Liga de Mujeres del Este” que la hermana de Elpidio, Ester, promovió para tratar de amparar al aficionado a las púberes.
Tal omisión fue complementaria con una acción institucional del Partido Justicialista. En febrero del año pasado, la Rama Femenina del partido, ariete del empoderamiento femenino, participó del acto de inauguración de la Casa de la Mujer de Santa Rosa y sus más caracterizadas dirigentes se fotografiaron sonriendo a todo diente con el reo.
Elpidio llegó al juicio exento de los ardorosos vilipendios que se le propinan por mucho menos a cualquiera que no cuente con influencias políticas.
Naturalizaciones
Al finalizar el juicio, el fiscal Alejandro Dalla Lasta lamentó que en la sociedad, y sobre todo en las localidades alejadas de la Capital, estén naturalizadas las relaciones de pareja entre hombres de edad avanzada con jóvenes, incluso adolescentes.
“Puede darse esa asimetría de poder etaria y económica, que hacen que una de las partes –el que tiene mayor edad- se pueda aprovechar de la vulnerabilidad de la persona que es más joven y que se encuentra vulnerable. Existe y está muy naturalizado”, advirtió.
Elpidio Guaraz no es el primer intendente condenado por la ruptura de tales naturalizaciones. Antes que él cayó Enrique Aybar, intendente durante años de Puerta de Corral Quemado, reelecto pese a la causa que se seguía en su contra.
Conviene consignar una coincidencia: la causa contra Aybar, como la de Guaraz, también se abrió en la Capital.
Un último caso, más estremecedor. Milagros Vázquez fue asesinada en julio en el paraje lapaceño de La Suerte por su padrastro y pareja Juan Carlos Aguilar, que comenzó a violarla cuando ella tenía solo 13 años. Engendraron tres hijos hasta que se produjo el brutal crimen, cuando Milagros tenía ya 23 años y él 53.
Diez años sin que nadie, ni siquiera la madre y expareja de Aguilar, dijera nada. Aguilar había cumplido condena por violencia y sido absuelto en otra causa por lo mismo, de modo que estaba en el radar de la Justicia.
Acciones y omisiones impiden terminar con las nefastas naturalizaciones consignadas por Dalla Lasta, por mucho que se proclamen aflicciones por la violencia de género de la jeta para afuera.
Sin cómplices no hay Elpidios. Ni Enriques Aybar, ni Aguilares.
Con el caso Guaraz, la política catamarqueña suma otra indigna cucarda.
