El perjuicio a la administración es de $80 millones a valores actuales
Elevan a juicio una causa por irregularidades con fondos para viviendas sociales
Están imputados dos ex funcionarios de la ex-Secretaría de la Vivienda junto a Karina Alanís Dennet. Se pagaron mejoras habitacionales que no se realizaron en el barrio Los Ceibos.
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat, elevó a juicio una causa en la que se investigaron irregularidades ocurridas entre mayo y septiembre del año 2015 durante la gestión del ex secretario de la Vivienda Octavio Gutiérrez, quien quedó desvinculado de la causa por su fallecimiento en julio de 2017. Tras una extensa investigación fueron imputados el arquitecto Luis Ortiz, ex director provincial de Infraestructura Social Básica y Productiva de la Administración del Hábitat (INFRABAS), la titular de una empresa constructora Karina Alanís Denett, que en el marco de otra denuncia había sido conocida como “la falsa arquitecta” y Luis César Heredia, quien había actuado como inspector de obra.
Los tres mencionados están imputados por realizar maniobras destinadas a realizar mejoras habitacionales en el barrio Los Ceibos que nunca se ejecutaron. En aquel momento, Alanís Denett recibió pagos por certificaciones de obra que no se realizaron por un total de $658.778, que calculados a valores actuales son más de $80 millones.
En noviembre de 2016, el ex fiscal Marcelo Sago imputó a los dos exfuncionarios que tuvieron participación en el pago de anticipos financieros por soluciones habitacionales que no habían sido ejecutadas por Karina Alanís Denett, también imputada por su participación. En aquel momento, dos de los imputados se opusieron y en abril de 2018, la Cámara de Apelaciones dictaminó la nulidad del decreto de la elevación a juicio del exfiscal y la resolución del juez de Control de Garantías que había ratificado el pedido de elevación a juicio de la causa.
De esta manera, la causa volvió a la fiscalía, que tuvo que modificar el decreto y producir nuevas pruebas.
Es por ello que el actual fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, imputó a de Luis Raimundo Ortiz por fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel -tres hechos, en calidad de coautor; María Karina Alanís Denett, por fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel –tres hechos- en calidad de partícipe necesaria y al ex inspector de obras Luis Heredia por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel, con falsificación de instrumento público y en calidad de partícipe necesario.
Modus operandi
La maniobra entre los tres involucrados consistió en certificar obras que habían sido adjudicadas a Alanís Denett por contratación directa y que no se realizaron. La Justicia determinó que existió una cadena de complicidades entre las tres personas involucradas. De esta manera, Ortiz habilitó el mecanismo administrativo para adjudicarle las obras, el supervisor de obra Luis Heredia certificaba que las obras se habían realizado cuando en realidad no había ninguna edificación ni mejora en casas de escasos recursos. A su vez, el director del Programa INFRABAS avaló el pago de varios anticipos financieros.
En tres expedientes a los que pudo acceder la Justicia se detectó que se otorgaban adelantos financieros de $75 mil pesos por cada una de las obras. Pasaba el tiempo, la empresa no cumplía con la edificación y pedía una prórroga, que era otorgada por la Secretaría de la Vivienda. Finalmente, se llegaba a un acuerdo entre las partes para rescindir el contrato, el supervisor de obra avalaba que se había cumplido con porcentaje de la obra y el director del área avalaba el anticipo financiero que ya había sido otorgado.
Según trascendió, los imputados en la causa volvieron a plantear la oposición a la imputación.
Antecedente
Alanís Denett estuvo vinculada a otras causas por corrupción. En mayo de 2019, la Cámara Penal Nº3, en un juicio unipersonal, condenó Alanís Denett y a un ex empleado de la Secretaría de Deportes, Manuel Fernando Díaz, por fraude a la Administración Pública tras haber estado involucrados en una maniobra con cheques truchos. La investigación se había iniciado en 2016.
Sin embargo, en 2021, la Corte de Justicia dictó una sentencia por la que absolvió a la mujer por el beneficio de la duda.
