La designación de Fernando Monguillot como ministro de Gobierno orienta sobre el sentido de la reconfiguración del gabinete y el paquete de reformas que se implementarán.
La designación de Fernando Monguillot como ministro de Gobierno orienta sobre el sentido de la reconfiguración del gabinete y el paquete de reformas que se implementarán.
El Gobierno busca robustecer su consistencia política resignado a la evidencia. No puede esperar ya que la administración Milei atenúe el rigor en la poda de recursos a las provincias, uno de los pilares más importantes del ajuste con el que extiende sus alquimias financieras, cuyo impacto en las finanzas se hace más gravoso debido a la caída de los ingresos automáticos de la coparticipación federal.
El reordenamiento del gasto público para adaptarse a las estrecheces resulta ineludible y su administración requiere tanta sensibilidad como solidez política para afrontar los seguros embates de la oposición.
El objetivo es mantener el equilibrio de las cuentas sin afectar empleos ni reducir salarios, en un contexto electoral donde la competencia para sustraer a la Provincia de las volatilidades nacionales será más importante que nunca.
La incorporación de Monguillot es una señal de que la alianza oficialista sigue firme.
Deja la Secretaría de Gobierno de la Capital bajo las órdenes de Gustavo Saadi para ocupar la cartera política de Raúl Jalil en la compleja coyuntura.
Es un hombre joven, pero con rodaje; conjuga el adelantamiento de las nuevas generaciones del peronismo a funciones más protagónicas con la experiencia ganada en el orden municipal, donde fue el interlocutor con el SOEM durante el exitoso proceso que concluyó en la normalización de las relaciones entre el sindicato y el municipio tras el conflictivo inicio de la gestión saadista en 2019, con Walter Arévalo en pie de guerra.
En cierto punto, su ingreso podría interpretarse como el inicio de la transición gubernamental de Jalil a Saadi, una prefiguración del cambio generacional que el peronismo se propone operar en 2027 dentro de la continuidad, adelantado por imperio de las circunstancias: el resultado de las elecciones de este medio término será clave para medir el nivel de consenso que retiene su diseño.
Mermados a 12 los ministerios, el reordenamiento de la estructura estatal vira hacia los organismos autárquicos.
El ENRE, con tres directores, dejará de existir como tal. Sus funciones serán absorbidas por la Defensoría del Pueblo, que sería ocupada por el actual ministro de Educación Dalmacio Mera.
Nicolás Rosales Matienzo dejará al Ministerio de Gobierno para suplantar a Mera. El programa de cambios diseñado incluye también el área educativa.
El directorio de tres personas que dirige CAPRESCA se reducirá a solo una.
También se disolverá la sociedad del Estado Catamarca Radio y Televisión, con la promesa de contención laboral para los empleados que no prefieran el retiro voluntario con una indemnización.
Otra pretensión del Gobierno es bajar el número de miembros de la Corte de Justicia de los siete actuales a cinco, absteniéndose de cubrir las vacantes que vaya produciéndose hasta institucionalizar la nueva composición vía ley.
Se abre una nueva etapa al influjo del orden libertario. Aferrado a logros macroeconómicos que hasta ahora no se traducen en reactivación, Milei deja las provincias libradas a su suerte.
El oficialismo provincial cierra filas para resistir, con la vista puesta en unos comicios en los que está obligado a ratificar su superioridad en las urnas y el control de la Provincia.
En el fondo, trata de conjurar cualquier peligro de desmadre y afianzarse para el segundo tramo de la gestión de Javier Milei, que estará signada por la composición del Congreso que surja en octubre.