La Iglesia Católica es una de las instituciones que tiene trabajos territoriales y conoce la situación de extrema vulnerabilidad que padecen vastos sectores sociales y las variadas consecuencias que tal situación conlleva. De modo que no extraña que uno de sus principales representantes en la Argentina comparta diagnóstico con otras organizaciones que cumplen tareas similares y alerte sobre los riesgos de un Estado ausente, o reducido a su mínima expresión, tal el modelo libertario.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, concedió ayer una entrevista en la que le reclamó al gobierno de Javier Milei que retome la obra pública y la presencia en los barrios. La obra pública tiene como efectos virtuosos, además de los beneficios de las obras en sí, la generación de puestos de trabajo y la dinamización de la economía. Y el desarrollo de políticas públicas en los barrios es una herramienta que contribuye a la presencia estatal para evitar vacíos que indefectiblemente son llenados por organizaciones criminales.
“Insistimos siempre con que hay políticas públicas que son muy valederas, positivas y nos plantean la idea de un Estado presente e inteligente en los barrios populares. El retroceso del Estado muchas veces genera que otros ocupen el lugar del Estado, concretamente el narcotráfico, con lo cual alertamos sobre la necesidad de una mejor calidad de vida en los sectores vulnerables”.
La paralización de la obra pública decidida por el gobierno nacional en diciembre de 2023 tuvo como propósito la reducción del déficit fiscal, sin considerar el alto costo social de la medida. Y el argumento utilizado fue, además del meramente económico, la presunta constatación de algunos casos de corrupción. En ese sentido García Cuerva reflexionó que “si realmente se considera que hubo casos de corrupción con estas políticas públicas que se investigue, que se denuncie, que se condene, pero en sí mismo son políticas que son positivas”, dijo y añadió: “Nosotros seguimos insistiendo con resaltar algunas políticas que plantean una presencia inteligente del Estado, que garantiza que por lo menos haya un articulador general que no permita el avance de otro Estado que es el narcotráfico, ese Estado paralelo”.
La Iglesia se suma, de ese modo, a otras voces institucionales que advierten sobre el implacable avance del crimen organizado en los espacios que deja vacante el Estado. Hace algunas semanas Juan Maquieyra, el director de Techo Argentina, una ONG que trabaja en asentamientos y barrios populares para afrontar el problema de vivienda y hábitat, criticó al gobierno nacional por el cierre intempestivo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. En el contexto de ese cuestionamiento, fue tajante: Si el Estado se retira totalmente de los barrios populares y si las organizaciones de la sociedad civil sea Techo, Cáritas o cualquier otra se van, lo que crece es el narco.
Un problema adicional es que no se trata de un problema coyuntural, que se revierte fácilmente. Cuando las organizaciones narcos se abren paso en el vacío estatal, hegemonizan un territorio que será muy difícil de recuperar para las instituciones de la democracia.
