En la previa de la marcha, el gobierno de Javier Milei sigue planteando críticas a los gastos universitarios y en ese sentido salió a cuestionar cómo fueron gestionadas las partidas asignadas. "Los recursos se enviaron, falta saber en qué se usaron", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que brindó ayer a la mañana en la Casa Rosada.
El portavoz sostuvo que el Gobierno "no está en contra del reclamo" que hacen los estudiantes, pero sí lo están del hecho de que "el Congreso sancione leyes que no tengan una contrapartida asignada. Es decir, leyes que no tengan cómo financiarse. El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente en la discusión del presupuesto nacional y no otra".
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, volvió a cargar contra la movilización y aseguró que se trata de una protesta "antigobierno".
"Es una marcha antigobierno, por varias de sus consignas, que está ceñida solamente al problema de los salarios", sostuvo el funcionario nacional.
Previamente, Torrendell sostuvo que "se debe llevar adelante un gasto inteligente en dos sentidos: que los recursos vayan a quienes menos tienen y, en segundo lugar, un criterio de libertad".
"Los datos de funcionamiento, que se pautaron a través de las universidades, no solo incluyen la inflación de este año, sino también la del año previo, porque recordarán que los datos de funcionamiento, excepto algún refuerzo, estuvieron congelados desde octubre del 2022, excepto refuerzos parciales, que hubo en 2023", detalló el secretario en una ronda con medios, entre ellos la agencia Noticias Argentinas.
A su entender, "los salarios se están recomponiendo" y "el Gobierno dijo que está dispuesto a revisar la partida presupuestaria que mandaron para el 2025, en términos de educación".
Finalmente, el diputado libertario, José Luis Espert, insistió en denunciar a las autoridades de las universidades nacionales por “negarse a dar la información” sobre las instituciones ante los requerimientos de las auditorías. “De la Universidad de Buenos Aires (UBA), la última información parcial que dieron fue de la Facultad de Psicología de 2018", indicó el legislador.
A su vez, señaló que “lamentablemente, la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van” a cursar y sumó: “Este es un drama con el que hay que terminar”.
“Cuando hablamos de la universidad gratuita, ¿gratuita para quién?”, cuestionó Espert y continuó: “Es gratuita para mucha gente, no toda, que la puede pagar. Porque acá el pobre no estudia en la universidad. Le hacemos pagar al pobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando va a comprar la leche para su familia y ese IVA va a financiar la universidad a mucha gente que sí la puede pagar”.
