El caso de las licencias fraudulentas que varios docentes sacaron en 2018 para viajar al Mundial de Rusia tuvo derroteros judiciales disociados.
martes 4 de marzo de 2025
Mora. Los procesos por las licencias truchas exponen fallas judiciales sistémicas, que exceden a los fiscales.
El caso de las licencias fraudulentas que varios docentes sacaron en 2018 para viajar al Mundial de Rusia tuvo derroteros judiciales disociados.
El expediente que involucra a los cinco tinogasteños que detonaron las investigaciones esperan todavía que la Justicia de Tinogasta cierre la instrucción, mientras que en la Capital la Fiscalía a cargo elevó a juicio el de otros dos, uno de las cuales no tramitó la licencia para presenciar el evento deportivo, sino para acceder un tratamiento de medicina alternativa con cannabis para esclerosis múltiple en Colombia que en la Argentina no estaba aprobado.
Es decir que el proceso madre está sin moverse en Tinogasta, con la posibilidad de que prescriba, mientras que el derivado comienza el proverbial rosario de apelaciones a partir de las oposiciones contra la elevación al juicio sobre las que se expedirá primero la Justicia de Garantías.
Que la causa capitalina llegue a debate después de siete años marca deficiencias en la prestación del servicio de justicia que suelen atribuirse con demasiada facilidad a los fiscales, cuando en realidad obedecen a fallas de un sistema que ofrece numerosas alternativas a las maniobras dilatorias pero no contempla reconvenciones o sanciones para quienes abusan de ellas. Es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque los fiscales quedan expuestos a que sus resoluciones sean impugnadas por omisiones formales en instancias superiores y no quieren quedar expuestos a ser el chivo expiatorio de las falencias sistémicas, mucho menos cuando escándalos como el del defectuoso inicio de la instrucción de la causa por el homicidio del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas o las absoluciones pagas colocaron el foco de la atención pública sobre el Poder Judicial.
La Justicia adeuda desde hace años reformas tendientes a equilibrar los mecanismos lícitos para ejercer el derecho a defensa con la eficiencia, cosa que, al menos en teoría, debería considerar sanciones tendientes a desalentar artimañas que no tienen más objetivo que extender hasta el infinito los litigios.
Los casos capitalinos son dos y, como se ha dicho, uno tiene que ver con un tratamiento médico alternativo y no con el Mundial. La causa se inició en 2019, cuando la Fiscalía estaba a cargo del actual juez de Garantías Marcelo Sago. La eleva a juicio Facundo Barros Jorrat.
El docente afectado por esclerosis múltiple alega que su licencia es legítima y pide que sean citados a declarar los médicos que certificaron su condición.
Es un trámite importantísimo, que excede su situación particular y debería ser informado por las autoridades judiciales a los funcionarios tinogasteños que tienen en veremos los casos originarios.
Las investigaciones se concentran en los docentes infractores, pero las infracciones no podrían haberse cometido sin la participación de los profesionales médicos que expidieron las certificaciones fraudulentas.
¿Por qué no hay ningún médico imputado en las causas por licencias docentes fraudulentas? ¿Es porque fueron interrogados y se descartaron sus responsabilidades o porque las investigaciones no los alcanzaron?
Así como las maniobras procesales dilatorias gozan de una muy flexible tolerancia para los profesionales que las instrumentan, es notoria la escasa disposición a indagar en la participación de la corporación médica en las estafas al erario.
En estos casos no solo hay omisiones del Poder Judicial, sino también de la propia administración pública estafada, al no procurar las medidas necesarias para que sea juzgado todo el circuito de responsabilidades.