La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que daría de baja alrededor de 300.000 permisos del REPROCANN, que autorizan al cultivo de cannabis para fines terapéuticos. El argumento para tan drástica decisión es que se habrían detectado algunas irregularidades, la misma explicación que el gobierno utilizó para frenar la provisión de alimentos a comedores o dar de baja pensiones por discapacidad.
Está muy bien que se investiguen todos los programas implementados por el Estado a los fines de detectar deficiencias en el funcionamiento o irregularidades que puedan constituir la comisión de algún delito, pero el sentido común indica que no es razón para tomar decisiones que afecten al universo total de los beneficiarios.
El REPROCANN es, según la página del Ministerio de Salud de la Nación, "una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor".
De modo que el cannabis medicinal es un tema de salud pública y no de seguridad. La decisión de dar de baja los permisos provocará la criminalización y persecución de pacientes con fibromialgia, oncológicos, epilepsia, problemas motrices y de insomnio, entre otras patologías y dolencias.
"Si se dan de baja todos los permisos, se lanzan todas estas personas a que sean perseguidas por la ley penal. Escuchar a la ministra asociar el cannabis medicinal con el narcotráfico nos hace sentir que se está volviendo a criminalizar", señalan desde la organización Cannabis Medicinal. Y desde Mamá Cultiva, un club social y terapéutico, sostienen que “el cannabis medicinal es un derecho y una herramienta de salud pública. Por lo tanto, no es función del Ministerio de Seguridad definir su regulación ni generar incertidumbre en la población”.
Es probable, de todos modos, que sea muy difícil, desde el punto de vista de su implementación, dar de baja a los 300.000 permisos, que fueron otorgados mediante mecanismos legales que no han sido atacados formalmente. Los permisos, además, fueron otorgados a partir de respaldos médicos que certifican la necesidad de los tratamientos. A partir de esta realidad es que uno de los caminos que estudian las personas que tienen esa autorización es pedir medidas cautelares, que la Justicia suele dictar si se presentan los avales legales correspondientes.
Para evitar perjuicios graves a la salud de decenas de miles de personas que consumen el cannabis medicinal para tratar enfermedades o dolencias –solo en Catamarca hay más de mil pacientes-, lo más atinado sería revisar los usos indebidos y castigar esas conductas reñidas con la ética y la ley, pero no cancelar todos los permisos, una medida extrema que, aunque difícil de cumplir, puede provocar mucho e injustificado daño a quienes necesitan este paliativo, cuya utilidad ya tiene comprobaciones científicas.
