Defección. Un juez marcó fallas que ya habían sido señaladas por la Corte en la Tragedia de la Alcaidía.
La prescripción de una causa por corrupción de menores abierta en Tinogasta hace 13 años es el segundo caso de negligencia judicial admitido por la propia Justicia que toma estado público sin que ningún órgano institucional de la Provincia haya siquiera insinuado algún interés por manifestarse. El primero fue nada menos que el de la Tragedia de la Alcaidía, en el que la propia Corte de Justicia asumió las responsabilidades del sistema judicial y ordenó sumariar a los operadores involucrados en la gestión del malogrado expediente.
El cierre por mero paso del tiempo de una causa penal por un hecho de la magnitud que tuvo la Tragedia de la Alcaidía, en la que cuatro adolescentes que permanecían detenidos al margen de la ley murieron calcinados en una celda, hubiera provocado un escándalo en cualquier lugar del mundo. En Catamarca no pasó nada. Literalmente.
Nobleza obliga, la Corte se expidió claramente sobre las deficiencias en el trámite del proceso y tomó las disposiciones pertinentes para eventualmente sancionar a los responsables de tamaño fracaso. Sin embargo, la excepcionalidad de esta conducta se hace más patente en contraste con el generalizado silencio del resto del arco institucional provinciano, tanto en lo que concierne a los poderes Legislativo y Ejecutivo como a las organizaciones civiles específicamente vinculadas con lo jurídico, como el Colegio de Abogados o la Asociación de Magistrados. Tampoco desde el ámbito académico han surgido opiniones.
La indiferencia ante la defección judicial confesa se produce, además, en un escenario plagado de demagogos punitivos felices porque ahora se puede enjuiciar a chicos de 14 años, o dirigentes inquietos por la gravitación que supuestas colonizaciones de la Justicia podrían tener en la marcha de denuncias penales que los involucran.
Conviene tener en cuenta un detalle. Las prescripciones de la Tragedia de la Alcaidía y el caso de corrupción de menores se debieron a que los abogados de los reos exigieron definiciones. ¿Cuántos expedientes habrá cajoneados?
La prescripción por negligencia judicial de una causa por corrupción de menores se concatena con la de la Tragedia de la Alcaidía. La prescripción por negligencia judicial de una causa por corrupción de menores se concatena con la de la Tragedia de la Alcaidía.
En la sentencia que prescribió la causa por corrupción de menores, el juez de Garantías de Tinogasta se preocupó por resaltar que no implicaba la inocencia del docente acusado.
Después hizo un “severo llamado de atención” al Ministerio Público Fiscal, por dejar dormir durante 13 años el expediente, pero la clave está en la indefinición: la prescripción no satisface a nadie, salvo a los culpables.
Si el docente acusado de tan aberrante delito es inocente, seguirá cargando con el estigma, mientras las víctimas continuarán en su calidad de supuestas.
La indolencia judicial propicia tanto la impunidad como la calumnia. La prescripción cristaliza un limbo. Para la víctima, significa que puede haber sufrido un delito y jamás obtener una sentencia que lo reconozca. Para el acusado, cargar durante años con una sospecha que tampoco será despejada mediante un pronunciamiento sobre el fondo de la acusación. Para la sociedad, quedar condenada a la incertidumbre.
El caso de la Alcaidía es particularmente revelador sobre la injusticia intrínseca a la perversidad del sistema. Los jerarcas involucrados sí obtuvieron absoluciones nítidas y consiguieron mantener a resguardo su buen nombre y honor a los pocos años de la denuncias. Los condenados a salvarse por la difusa prescripción fueron cuatro agentes que tuvieron la mala suerte de estar de guardia cuando se desencadenó el fatídico episodio en unas instalaciones que no reunían las condiciones más elementales de seguridad.
