Por Reartes María José
lunes 31 de agosto de 2026
Legisladores provinciales y nacionales impulsan medidas para limitar la usura y acompañar a quienes atraviesan deudas impagables, en un contexto marcado por un récord de morosidad.
Por Reartes María José
El Banco Central informó que la morosidad de las familias volvió a subir en julio y llegó al 12,94%, tras una leve baja el mes anterior, mientras la de las empresas avanzó al 3,61%. Ya son 5,9 millones los argentinos con deudas familiares en situación irregular, el 28% de quienes tienen algún crédito. El deterioro es todavía mayor en las entidades no bancarias (billeteras virtuales, tarjetas y otras financieras), hoy lideradas por Tarjeta Naranja y Mercado Pago, donde la mora de las familias trepa al 33,69%. La mitad de quienes están en mora debe, en total, menos de 626.000 pesos, una cifra que expone el peso de deudas relativamente chicas sobre ingresos familiares que hoy en la mitad de los casos no llegan a los 800.000 pesos mensuales. Catamarca se ubica de manera sostenida entre las provincias con peores indicadores del país, con más de un tercio de sus deudores en mora, unos 66.650 catamarqueños con atrasos superiores a los tres meses y más de 179.000 millones de pesos acumulados en esas deudas, según relevamientos privados y oficiales.
El primer proyecto ingresó el 12 de agosto. Los diputados Mamerto Acuña, Natalia Herrera y Tiago Puente, del bloque GENERAR, junto con María Laura Quintero, de LLA, presentaron la Ley Anti Usura, que aún espera dictamen en la comisión de Legislación General. Pese al nombre, el proyecto aclara en sus propios fundamentos que no avanza sobre las tasas de interés entre privados, una facultad que la Constitución Nacional reserva al Congreso, sino sobre el rol del Estado provincial como empleador: prohíbe ceder o prestar los códigos de descuento sobre haberes públicos a financieras privadas para el cobro de créditos, y fija que ningún descuento voluntario puede dejar al agente con menos del 70% de su sueldo neto de bolsillo. Los descuentos privados ya vigentes tendrían 120 días para cesar, aunque la deuda subyacente seguiría en pie. El texto crea, además, dentro de Capresca, un Programa de Saneamiento Financiero para refinanciar a los agentes sobreendeudados, definidos como quienes destinan más del 30% del sueldo a cuotas voluntarias o acumulan sesenta días de mora, con una tasa que no podría superar la inflación medida por el INDEC más dos puntos porcentuales, muy por debajo de lo que hoy cobran las financieras. Acceder al beneficio exige aprobar un curso gratuito de educación financiera, que el proyecto también instituye de manera permanente para toda la planta estatal.
Puente, además, ya había solicitado informes sobre el convenio entre la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca (Capresca) y la financiera Centro Card S.A. para el otorgamiento de créditos a empleados públicos. Según denunció el legislador, la operatoria le habría permitido a esa firma privada aplicar quitas de hasta el 45% sobre los haberes de los empleados alcanzados, muy por encima del tope del 20% que fija la normativa vigente para ese tipo de convenios.
Seis días más tarde, el oficialismo respondió con dos iniciativas propias. El diputado Jorge Exequiel Moreno propuso declarar, por dos años, la emergencia provincial en materia de deducción de haberes para la totalidad de los agentes públicos de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y municipios. El proyecto ordena el sistema en dos etapas: primero, hace caducar de pleno derecho todas las habilitaciones vigentes de mutuales, cooperativas y proveedores no financieros de crédito para descontar cuotas de los recibos de sueldo, y cierra el sistema a la incorporación de entidades nuevas; después, abre un régimen transitorio solo para las entidades que ya operaban antes de la ley, condicionado a que acepten un límite al costo financiero total de sus operaciones y a nuevos deberes de información.
Un tercer bloque se sumó el 19 de agosto, el mismo día en que el oficialismo dio entrada a sus dos proyectos. El diputado José Javier Galán, del MID presentó otras tres iniciativas: un Sistema Provincial de Prevención y Abordaje del Sobreendeudamiento Familiar, orientado a detectar y atender esas situaciones antes de que se agraven; un Observatorio Provincial del Endeudamiento Familiar, pensado como herramienta técnica permanente para relevar y difundir estadísticas sobre la problemática; y un Centro Provincial de Orientación al Deudor, destinado a asesorar de manera gratuita a quienes atraviesan dificultades para afrontar sus pagos. Los tres proyectos de Galán ingresaron el mismo día que las dos iniciativas oficialistas, en una coincidencia que no tuvo, hasta el momento, ninguna repercusión pública.
Ninguno de los proyectos provinciales toca, en rigor, las tasas que cobran las financieras privadas.
La discusión bajó también al plano municipal. El concejal Gustavo Aguirre, de Fuerza Patria, presentó una ordenanza para crear un Régimen Excepcional y Transitorio de Alivio y Reordenamiento Financiero de las Familias y Trabajadores Municipales. La iniciativa habilita a la Caja de Crédito Municipal a cancelar deudas de vecinos y empleados con bancos, mutuales y prestamistas particulares, a cambio de una quita: al menos el 20% del saldo cuando se trata de entidades formales, y un mínimo del 25% del capital, sin intereses, cuando el acreedor es un particular. Cada expediente deberá contar, antes de avanzar, con informes económico-sociales, contables y jurídicos, además de la aprobación unánime del directorio de la Caja. "La Caja no está para financiar a usureros",
La agenda catamarqueña también encontró eco en el Congreso de la Nación. El diputado Sebastián Nóblega, del bloque Elijo Catamarca, impulsa un proyecto para crear un régimen temporario de veinticuatro meses, destinado a que familias y pequeñas y medianas empresas reordenen sus deudas y recuperen la capacidad de pago.
La iniciativa fija un tope del 20% al interés punitorio de las tarjetas de crédito y prohíbe la capitalización de la tasa compensatoria. Nóblega trabajó el texto junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca y pidió el emplazamiento de comisiones para que se trate en la sesión especial convocada para el 9 de septiembre.
Ese día, la Cámara baja buscará avanzar con un temario que ya reúne más de treinta proyectos de ley sobre morosidad y sobreendeudamiento, presentados por distintos bloques. Entre los autores figuran los diputados Esteban Paulón, Gabriela Estévez, Natalia Zaracho, Pablo Juliano y Andrea Freites, con propuestas que van desde la reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito hasta la reestructuración de deudas y la regulación de la cobranza extrajudicial.
Freites, que representa a Tierra del Fuego, impulsa en particular un régimen de saneamiento para deudores de tarjetas con condonación parcial de intereses punitorios y planes de pago de hasta treinta y seis cuotas.
La oposición ya reunió 133 votos en el recinto para intentar forzar el tratamiento del tema sobre la marcha, una cifra que superó el quórum necesario para sesionar pero resultó insuficiente para modificar el temario de esa jornada, ya que ese tipo de apartamiento del reglamento exige el respaldo de tres cuartas partes de los presentes. En Diputados de la Nación hay, en total, 48 expedientes relacionados con el endeudamiento y la morosidad, de los cuales 30 son proyectos de ley con estado parlamentario. La discusión no es exclusiva de Catamarca. En los últimos días, la provincia de Córdoba envió a su Legislatura un proyecto propio de alivio de deudas familiares, con un esquema similar al que se debate en el Congreso nacional, señal de que el fenómeno excede el mapa catamarqueño y responde a un deterioro que las estadísticas nacionales confirman mes a mes.
