El endeudamiento del Estado nacional crece de manera persistente y lo hace sin que la economía muestre señales de fortaleza. Solo en lo que va del año, según las estadísticas oficiales, la deuda pública aumentó en 31.500 millones de dólares, impulsada en buena medida por la emisión de bonos en pesos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. En septiembre, el incremento fue de 1.732 millones de dólares.
Con ese avance, la deuda bruta alcanzó un monto total equivalente a 486.628 millones de dólares, de los cuales 484.124 millones se encuentran en situación de pago normal. Este último dato no es, por sí solo, garantía de solvencia futura. Que una deuda se pague hoy no dice nada concluyente sobre la capacidad de seguir haciéndolo mañana, sobre todo cuando el stock aumenta de forma continua y la economía no reacciona.
De modo que el incremento sostenido de la deuda introduce dudas razonables sobre la capacidad de pago de la Argentina, cuya economía ya habría entrado en recesión. Resulta preocupante que existan más obligaciones sobre una base productiva que no se expande. Esa percepción es uno de los factores que presionan al alza el riesgo país, que ya se ubica por encima de los 600 puntos.
En noviembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia, la deuda bruta era de 425.556 millones de dólares. La política de ajuste fiscal que el Gobierno exhibe como su principal bandera convive, así, con un endeudamiento que no se detiene. Durante la actual administración, la deuda con los organismos financieros internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, pasó de 73.683 millones a 95.557 millones de dólares, es decir, cerca de 21.900 millones más. Solo con el FMI, el pasivo se elevó de 41.467 millones a 57.069 millones de dólares, un incremento superior a los 15.600 millones. Para un país con una historia de relaciones tortuosas con el organismo, y con la memoria todavía fresca de los condicionamientos que acompañaron programas anteriores, la profundización de esa dependencia no debería pasar inadvertida.
Las provincias, y Catamarca entre ellas, conocen bien lo que significa un Estado nacional con márgenes cada vez más estrechos. Cuando una porción creciente de los recursos del país se destina a atender obligaciones financieras, se resienten las transferencias, la obra pública y los programas que sostienen la actividad y el empleo en el interior.
La deuda no es en sí misma un recurso malo. Bien utilizada, financia inversiones que amplían la capacidad de producir y de generar divisas, y esa expansión es la que permite repagarla. El problema surge cuando el endeudamiento se destina a sostener equilibrios de corto plazo sin construir, al mismo tiempo, una economía más robusta. Una economía que se endeuda sin ampliar su capacidad de producción puede alcanzar equilibrios financieros transitorios, pero difícilmente consiga una estabilidad duradera.
Por eso el desafío argentino no consiste únicamente en conseguir dólares para pagar deudas, sino, ante todo, en desarrollar una economía que no necesite endeudarse de manera recurrente para sostenerse, como ocurre en la actualidad.
