Si bien mantiene la libertad hasta tanto la sentencia quede firme, el penado deberá cumplir con pautas de conducta. Entre estas medidas, deberá presentarse al Tribunal una vez a la semana.
Pasado el mediodía, se conoció el veredicto para el empresario gastronómico Sergio Eduardo Coria, quien ocupó el banquillo de los acusados del Juzgado Correccional de Tercera Nominación. El juez Javier Herrera lo declaró culpable en cinco hechos de “abuso sexual simple” y lo condenó a la pena de cinco años de prisión. Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, mantiene la libertad hasta tanto la sentencia quede firme.
Ayer, se llevó a cabo la última audiencia. El debate había comenzado el 19 de febrero. Por tratarse de delitos contra la integridad sexual, el debate se desarrolló a puertas cerradas. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el fiscal Correccional Víctor Figueroa mantuvo la acusación y pidió una pena de cinco años de prisión. El abogado de la querella Carlos Rosales Vera adhirió al planteo del representante del Ministerio Público Fiscal y además pidió la inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario. A su turno, la defensa, representada por el abogado del foro local Roberto Mazzucco, disintió; también pidió que dos testigos sean investigados por presunto falso testimonio.
Tras un cuarto intermedio, alrededor de las 12.30, el magistrado dio a conocer el veredicto. Coria fue declarado culpable en cinco hechos de “abuso sexual simple” en concurso real y se le impuso una pena de cinco años de prisión. Dado que Coria mantendrá la libertad hasta que el fallo quede firme, el magistrado fijó pautas de conducta. Entre estas medidas, se dispuso que una vez a la semana se presente al Tribunal. Deberá entregar su pasaporte y no podrá salir de la provincia ni del país sin la debida autorización. Tampoco podrá tener contacto con la denunciante. Además, se pondrá en conocimiento del veredicto a distintas fuerzas de seguridad, a efectos del debido cumplimiento de las restricciones impuestas. También se rechazó el pedido de la defensa, de encausar a dos testigos por presunto falso testimonio.
Tras la lectura del veredicto, Coria esperó alrededor de 45 minutos para dejar el Tribunal. Salió, con lentes oscuros por una puerta lateral, que daba paso al estacionamiento que se encuentra en el subsuelo del edificio del Tribunal.
Finalizado el debate, el abogado de la querella Rosales Vera destacó que su asistida, tenía 20 años cuando denunció las agresiones. “El pedido de cinco años de prisión fue de la Fiscalía y de la querella. Se consideró que los cinco hechos quedaron demostrados. Solicitamos la prisión efectiva porque según las circunstancias de los delitos cometidos, puede volver a cometerlos”.
La joven era empleada del acusado y los ultrajes sucedieron en el ámbito laboral. Coria se aprovechó su situación de patrón. “Estoy absolutamente convencido de que se marcó un precedente. No se trata solamente de un abuso sino que efectivamente había una relación de dependencia. Mi asistida trabajó dos meses y ella renunció como consecuencia de este abuso; no fue despedida y estaba en blanco”, remarcó.
Los delitos contra la integridad sexual son aquellos que atacan la libertad y la voluntad sexual de una persona. Se trata de agresiones sexuales que atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad de las personas. La violencia sexual es una forma de ejercer violencia contra la mujer. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenazas. Frente a un hecho de violencia sexual nunca es culpa de la víctima.
La denuncia contra Coria se radicó en diciembre de 2020. Una joven empleada lo había denunciado por los ultrajes contra su integridad sexual. En octubre de 2021, se le fijaron restricciones al acusado. La medida fue tras la presentación de Carlos Rosales Vera, abogado de la víctima, quien señaló sentirse asediada por el sujeto, a quien encontró en Córdoba, donde la joven se radicó después del hecho.
En agosto de 2022, a más de un año y medio de realizarse la denuncia, ante la ausencia de novedades en la causa, el querellante presentó un escrito, a través del cual solicitó celeridad. La defensa de Coria se había opuesto al decreto de determinación del hecho y presentó recursos. En diciembre de 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos no hizo lugar al planteo de la defensa.
La indagatoria a Coria era inminente. En marzo de 2023, se llevó a cabo la indagatoria. Frente al fiscal Pelisari, Coria se mantuvo en silencio. La defensa insistió con un nuevo planteo pero, en junio del año pasado, el Tribunal de Alzada rechazó este recurso. A la vez, confirmó la elevación a juicio para el empresario Coria.
