viernes 17 de enero de 2025
Cara y Cruz

Cuando emerge el flagelo

En el caso del abogado Nahuel Augusto Filippín emerge el flagelo de las adicciones, cuyos nocivos efectos en términos de salud pública siguen lamentablemente subestimados.

En el marco de la causa por el robo de un dispositivo tecnológico en el Sanatorio Junín, los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) determinaron que Filippín “presenta rasgos psicopáticos y narcisistas, manipula las situaciones y tiene baja tolerancia a la frustración”.

El joven comprende la criminalidad de sus conductas y representa un peligro para sí mismo y para terceros. Esta “situación está ligada al consumo problemático de estupefacientes”, concluyó el organismo, no obstante lo cual consideró que está en condiciones de ser alojado en el Servicio Penitenciario.

Su situación penal es muy compleja. Al caso del robo en el Junín se le apilarán otros 12 expedientes judiciales: abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas por el uso de arma, estafa, robo simple, amenazas simples, coacción, hurto, encubrimiento agravado por actuar con ánimo de lucro.

Parecería que el muchacho está empecinado en una carrera por agotar la casuística del Código Penal, pero las transgresiones de Filippín obedecen a su patología de adicto. Carente de dispositivos de salud para atenderlo, o colapsado, el sistema no tiene más respuesta para ofrecer que encarcelarlo.

Los detalles del caso trascendieron porque Filippín es un joven profesional de clase media, con un cargo en el Senado de la Provincia, cuya familia no parece tener inconvenientes económicos graves. ¿Si con esta posición se metió en tamaña encerrona existencial, qué pueden esperar integrantes de familias menos favorecidas?

Los funcionarios y agentes del área de Salud Mental hacen esfuerzos enormes para tratar de contener una demanda en permanente incremento, pero colapsan por falta de recursos materiales y humanos. Es desesperante. Ni siquiera puede decirse que exista un diagnóstico pormenorizado de cuál es la situación en Catamarca.

Ocurre que el problema del consumo problemático de alcohol y drogas, al que vino a superponerse el de las nuevas tecnologías y las redes sociales, no es una prioridad en la agenda de la discusión pública provincial. Y no lo es porque no se asume como un drama colectivo y, por consiguiente, no hay presión política para tratar de que se avance en un abordaje integral y multidisciplinario.

La dolorosa peripecia de Nahuel Augusto Filippín verifica que nadie, por muy sano que suponga ser, está exento de sufrir las consecuencias del flagelo de las adicciones en una sociedad que está enferma. Tomar conciencia de la gravedad del problema es el primer e indispensable paso para comenzar a resolverlo, en un camino que es necesariamente largo y duro.

Las evidencias de la escalada del fenómeno adictivo entre las generaciones más jóvenes vienen apareciendo desde hace demasiado tiempo como para seguir haciéndose los distraídos, en una trama que va haciéndose cada vez más compleja. La ludopatía infantil es un ejemplo de esto.

Hay, por supuesto, intentos de afrontar la tragedia, pero es notable que la reacción que prevalece es la de criminalizar lo que es una enfermedad y los distintos organismos del Estado funcionan como compartimentos estancos.

El caso de Filippín también marca la insuficiencia de los esfuerzos aislados para atacar el flagelo. La revelación se da en el campo de la seguridad, por los delitos cometidos, pero para llegar hasta ahí el abogado atravesó todos los niveles del sistema educativo, es probable que también en algún momento él o su familia hayan buscado auxilio en el de salud.

Urge diseñar, financiar y aplicar políticas públicas para comenzar un camino que conduce indefectiblemente al fracaso como sociedad.

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