La devastación del bosque natural no solo ocurre en la Patagonia por los incendios. En el Norte del país la deforestación avanza a causa de un combo mortífero: el fuego y el desmonte sin control que provocan empresas para expandir la frontera agropecuaria, sobre todo para ganadería extensiva y la siembra de soja.
Según un informe realizado por la ONG Greenpeace, el año pasado se desmontaron en el norte de la Argentina 119.886 hectáreas. Pero la cantidad de hectáreas de monte natural perdidas sube a 149.649 si se suman las que sufrieron las consecuencias de los incendios forestales.
No se trata de un fenómeno actual: en el último cuarto de siglo la pérdida de bosques nativos en el país fue de alrededor de 7 millones de hectáreas, según los datos estadísticos de la Dirección nacional de Bosques.
La pérdida de los bosques nativos, además de una incidencia negativa en el paisaje, traen como consecuencia graves perjuicios, porque son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono y la diversificación de la flora y la fauna. Contar con menos bosques nativos, por lo tanto, ocasiona “la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad”, como mencionaba el sitio web del Ministerio del Ambiente de la Nación antes de que el actual gobierno nacional lo degradara al rango de Subsecretaría.
Hay otros efectos del proceso productivo que reemplaza al monte natural por cultivos anuales o pasturas, como la pérdida del empleo rural y consecuentemente de la migración de población del campo hacia las ciudades, produciendo concentraciones demográficas perniciosas.
“Más deforestación significa más cambio climático, inundaciones, desertificación, desalojos de comunidades campesinas e indígenas, desaparición de especies en peligro de extinción y enfermedades”, señala Greenpace.
Este problema ambiental es también legal, porque la Ley de Bosques, sancionada en 2007, es vulnerada permanentemente por la laxitud de los controles de las autoridades competentes. Además, las multas son tan bajas que a los empresarios inescrupulosos les conviene desmontar y luego pagarlas, obteniendo un beneficio económico a partir de un hecho consumado.
El desmonte venía disminuyendo progresivamente desde 2014, pero el año pasado la pérdida de bosques en el norte del país fue superior a la del 2023. Es decir, que podría estar registrándose una tendencia inversa a la de la última década.
Resulta imprescindible establecer controles más eficientes de la deforestación, logrando un equilibrio entre la preservación ambiental y el desarrollo productivo de los recursos naturales, para lo cual se requiere de las autoridades competentes –nacionales y de las provincias- una voluntad política cimentada en la convicción de que la defensa de los bosques naturales y del medio ambiente en general es un aporte a mejorar la calidad de vida de las personas y una protección indispensable de la flora y la fauna autóctona.
