Días pasado, OSEP hizo pública la decisión de investigar a dos centros de salud y profesionales del área que con distintas maniobras pretendieron burlar a la obra social para obtener un beneficio propio y causar un perjuicio económico. Es auspiciosa la decisión de la entidad de avanzar con las denuncias e involucrar también a la Fiscalía de Estado. Sin embargo, esta decisión se tomó porque hubo una decisión del Gobierno provincial al solicitar a las autoridades que se avance con las pesquisas, incluso si compromete a un intendente de las filas del oficialismo como Osvaldo Gómez, jefe comunal y médico de La Puerta, que además de la función ejecutiva se dedicaba a la atención de pacientes.
El escándalo fue público porque las maniobras con la obra social eran conocidas desde hace tiempo en el municipio de Ambato y alrededores. La implementación de la nueva aplicación les permitió a los vecinos descubrir que tenían órdenes a favor del jefe comunal y negaban haber sido atendidos por el profesional. El límite fue cuando una familia descubrió 33 órdenes a favor del profesional, emitidas desde julio de 2021. En este caso, la afiliada tuvo un fuerte compromiso social y en agosto decidió realizar una denuncia que no había sido tenida en cuenta hasta que el caso fue publicado por El Ancasti y recién allí se decidió formar un expediente. En una investigación preliminar, la obra social descubrió que existen irregularidades y decidió girar el expediente a Fiscalía de Estado, que ahora indaga quiénes más están comprometidos.
Es cierto que el caso tomó notoriedad a partir de la denuncia que cayó sobre el intendente de La Puerta. Sin embargo, tanto en la obra social como en Fiscalía de Estado había presentaciones que se realizaron desde hace tres años, que surgieron por los primeros afiliados que instalaron la aplicación móvil. Esas denuncias eran tomadas como casos aislados y no fueron consideradas con la seriedad que merecían porque se pensaba que podría tratarse de maniobras aisladas que comprometían unas pocas órdenes por unos pocos pesos. Incluso, la unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública tenía un caso similar que data de 2021.
Hoy, la situación indica que se estaría destapando una olla cuyos resultados son impredecibles y que salpicaría a entidades que se suponían transparentes y prestigiosas en el medio. Recién ahora la OSEP decidió hacer públicos los casos, identificando a quienes fueron los responsables y además enseñar a los afiliados que pueden consultar su historial de atención para advertir si existen movimientos irregulares. Hasta ahora había mantenido en secreto este tipo de maniobras y varios afiliados relatan que cuando se presentaron a denunciar eran tomadas como una anécdota más, que se completaba en un formulario común y se iban con la misma sensación de vacío como cuando denuncian abusos por el cobro del plus médico.
Es de esperar que la investigación siga su curso y llegue a un final, caiga quien caiga, y no como aquella de 2014 que comprometía a ocho médicos y una década después todavía no tienen sentencia.
