Le denegaron pedidos de prisión domiciliaria. Es el único de la banda que está detenido en el penal. Sus socios Blas y Sarroca tienen prisión domiciliaria. Los demás están libres.
El 22 de abril de 2022, Edgar Adhemar Bacchiani (48), autoproclamado “exitoso trader god”, fue detenido por efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Miguel Ángel Contreras a pedido de la Fiscalía a cargo de Rafael Vehils Ruiz.
Paralelamente, la Justicia ordinaria de Catamarca procesaba un exhorto de la fiscal Valeria Rissi, de la provincia de Córdoba, que también había pedido su detención y allanamiento.
El juez de Control de Garantías Héctor Rodolfo Maidana difirió hasta el día siguiente la autorización y la detención quedó para el Juzgado Federal.
Fue la primera de varias controversias entre la Justicia Federal y la Justicia cordobesa, porque ese diferimiento derivó en que Bacchiani quedara detenido en el penal de Miraflores y no en la cárcel de Bower, junto a convictos de todo el país.
Catamarca se quedó con el hombre cuyo esplendor duró menos que los tres años de prisión que lleva en Miraflores y los 9 años de condena que recibió en Córdoba al reconocer que es un estafador, a cambio de menos años de prisión por ser juzgado en juicio abreviado.
El 23 de abril y mientras las hordas de damnificados recorrían las calles catamarqueñas exigiendo el pago de utilidades y la devolución de sus capitales, agentes de Córdoba, que habían obtenido tardíamente la venia del Juzgado de Control, allanaron la casa de Bacchiani y se llevaron elementos tecnológicos, documentos y otra información que resultó fundamental para la investigación y posterior condena.
Junto a Bacchiani fueron detenidos sus socios y principales laderos, José Armando Blas (44) y Alexis Sarroca (39), con quienes compró franquicias de comercios para abrir sucursales en Catamarca y otras empresas satélites. Ellos estuvieron a cargo de las sucursales de Córdoba y Tucumán, que recaudaban dinero para la casa matriz que operaba desde Catamarca.
Si bien en un primer momento los tres estuvieron detenidos en calabozos, con el paso de los meses Blas y Sarroca accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud de sus hijos y porque supuestamente son quienes sostienen económicamente a sus familias.
Los demás integrantes de la banda; sus exparejas, la abogada Sofía Beatriz Piña y la esteticista venezolana Zaraive Celeste Garcés Rusa; el abogado de la empresa, Lucas Esteban Retamozo; el contador público nacional Iván Gonzalo Segovia; las jefas de las sucursales de Yerba Buena en Tucumán, Sofía Esther Aylan, y de Cerro de las Rosas en Córdoba, Aldana Valeria Donato; y otros laderos fueron arrestados pero recuperaron la libertad por problemas económicos y de salud.
A tres años del día del arresto, el jefe de la banda es el único que continúa detenido en el penal de Miraflores. Desde allí y a través de su abogado defensor, el ex fiscal Ezequiel Walther, Bacchiani envía cartas manuscritas al juez federal pidiendo acceder a un régimen de prisión domiciliario, argumentando que debe cuidar de su madre y de sus hijos.
La fiscal Rissi trabaja en otro expediente por más de 100 estafas y que se prevé será enviado a juicio antes de fin de año. Bacchiani purga condena en Miraflores. Espera nuevos juicios en Córdoba y con la Justicia Federal de Catamarca junto al resto de la banda. Además, tiene una causa activa por estafas que se tramita en La Rioja.
Pasaron más de tres años desde que se inició la causa. Bacchiani y su empresa Adhemar Capital SRL fueron declaradas en quiebra y miles de damnificados reclamaron para poder acceder a una reparación económica.
Las quiebras se tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, a cargo de María Virginia Cano, quien denegó sistemáticamente la realización de pericias caligráficas a pagarés supuestamente firmados por Bacchiani, que podrían ser parte de una maniobra fraudulenta que busca minimizar la pérdida de bienes.
Personal de ese juzgado, de Catastro, del Registro de la Propiedad, empleados judiciales y de la Policía comenzaron a ser investigados recientemente por integrar una asociación ilícita para estafar mediante la captación de información privilegiada, fraguando documentos y adueñándose de bienes muebles, inmuebles y dinero. Ante la presunción de fraude, la Justicia Federal investiga una supuesta quiebra fraudulenta.
