El exdiputado Hugo Ávila propuso una reforma constitucional para reducir la cantidad de legisladores, fijar un límite de ministerios y asesores y achicar la integración de la Corte de Justicia. Sostuvo que el próximo gobierno de Catamarca debe recortar el gasto político y destinar esos recursos a mejorar los salarios de quienes trabajan en seguridad, salud, educación y servicios públicos.
"El próximo gobierno provincial tiene que bajar el gasto político y mejorar los salarios de aquellos que cumplen funciones esenciales", planteó. Como parte de esa propuesta, pidió que el Poder Legislativo pase de 57 a 27 integrantes, lo que supondría eliminar 30 bancas. También reclamó que la Corte vuelva a tener tres ministros, frente a los siete que, según señaló, tiene actualmente.
Ávila cuestionó además que la cantidad de ministerios dependa de las decisiones de cada gobernador y propuso establecer un máximo de ocho en la Constitución provincial. Consideró que ese número es suficiente para administrar Catamarca y afirmó que el gobernador Raúl Jalil llegó a contar con 18 ministerios.
Según el exlegislador, la ampliación del gabinete incrementa el gasto porque implica sumar secretarías, subsecretarías y direcciones. En ese sentido, vinculó el crecimiento de la estructura del Ejecutivo con una mayor carga sobre las cuentas públicas.
El cuestionamiento estuvo dirigido a los asesores fuera de nivel. Ávila aseguró que llegan a 3.000 o superan esa cifra y sostuvo que allí se concentra el mayor gasto político. En su intervención no detalló la fuente de ese número ni precisó cuánto permitirían ahorrar los cambios que propone.
"No puede haber un gobierno con 3.000 asesores", expresó y pidió que una reforma constitucional establezca un tope de 200 para toda la provincia. A su criterio, sostener esa estructura impide mejorar los ingresos de los trabajadores que prestan servicios esenciales.
El planteo reunió cambios en los tres poderes del Estado bajo un mismo argumento: reducir los cargos políticos para disponer de recursos que permitan recomponer los salarios del sector público.
