Tras detectar que cerca del 80% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos establecidos.
El Gobierno nacional anunció que auditará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras detectar en una auditoría que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos. La medida del Gobierno libertario se produce mientras en Catamarca la ANSES analiza si mantiene o no el retiro provisorio por invalidez otorgado a Camilo Carrizo, uno de los participantes del asalto en Parque América.
De acuerdo con lo que detalló el gobierno de Javier Milei, la medida será realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI para chequear que se respeten los criterios de selección. En base la última auditoría que fue realizada en diciembre del año pasado, el Gobierno informó que se detectó que una gran parte de los beneficiarios no padecía la afección que decía tener. Es por eso que se dieron de baja 212 pensiones que serían cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos.
En esa oportunidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció que dará de baja a casi 1.800 beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC IL) en la provincia de Chaco que estaban inscriptos al sistema en forma irregular o no cumplían con los requisitos. “Siete de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían los requisitos o era fraudulentas”, había dicho el vocero Manuel Adorni al anunciar la medida.
Esta nueva auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial.
Según detallaron desde el Gobierno nacional, en una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI. De esta forma, los profesionales del organismo llevarán adelante entrevistas y controles presenciales en todo el país y realizarán entrevistas con los pensionados para que puedan dar su versión de los hechos.
Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio.
Finalmente, la ANDIS y el PAMI emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.
La semana pasada, la ANSES convocó a Camilo Carrizo para una auditoría médica con el objetivo de revisar sus condiciones de salud, luego de su escandalosa participación en el asalto de Parque América, por el que estuvo imputado y luego fue absuelto. Carrizo debía asistir a una audiencia en la que ANSES se presentó con peritos de parte, pero finalmente no fue.
Ahora, el hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo, tiene un plazo de 15 días hábiles para justificar su ausencia. Si no lo hace, podría perder su retiro provisorio por invalidez. Es un trámite personal y presencial, al que no se puede enviar un representante.
