Está acusado de haber golpeado a otro estudiante en un forcejeo. La defensa pedirá medidas.
Jeréz. Uno de los abogados defensores del alumno.
Un chico de 12 años fue imputado penalmente por “lesiones leves” por la Fiscalía Penal Juvenil a cargo de Guillermo Narváez, tras un incidente ocurrido en un colegio religioso de la Capital, poniendo en relieve el debate sobre la judicialización de menores de edad y la necesidad de enfoques para abordar los distintos casos.
Ocurrió recientemente cuando junto a un grupo de estudiantes jugaba a las luchas o forcejeos dentro del colegio. En un momento y de acuerdo a los primeros testimonios, accidentalmente golpeó a uno de los participantes en los testículos. La madre del menor afectado denunció el hecho en la Fiscalía Penal Juvenil, lo que llevó a la imputación del niño involucrado.
A raíz de la denuncia los padres del sospechoso, con el patrocinio de los abogados defensores, Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez, cuestionaron la acusación fiscal. Por su parte, los abogados aseguraron que “no existió dolo (intención) en la acción” y que se trató de un accidente durante un juego.
“El niño en estado de llanto me dijo que solo estaba jugando con su amigo. Examinados los hechos, me di cuenta que no existió dolo sino que los torpes movimientos fueron dentro de un juego. También examiné si existía influencia de terceros adultos o filmaciones o bien si había algo relacionado con imperativos de las redes sociales, y no encontré nada de eso. Sin perjuicio de ello, vamos a pedir que se amplíen medidas de investigación”, advirtió Jerez.
Se supo que la Fiscalía citó al menor para que realice su declaración en el marco del artículo 305 del Código Procesal Penal de Catamarca.
De acuerdo con las pruebas recabadas por la Fiscalía, se aplicaría el cuarto párrafo de esa norma que establece que cuando no hubiere motivo bastante o la participación no fuere punible (por ser menor de 16), la autoridad judicial podrá recibirle igualmente declaración, en la forma y con las garantías prescriptas para el imputado.
Por su parte, Ibáñez dijo que “el Fiscal decidió recibir la declaración del menor conforme a la Ley 26.061, que reconoce el derecho de los niños y adolescentes a ser oídos ante la autoridad judicial, y a contar con patrocinio letrado. A estos derechos los vamos a hacer respetar y además, pedimos investigar las responsabilidades que le caben a la institución educativa”.
En diálogo con El Ancasti, los abogados coincidieron en que el caso se dio justo en momentos en que el Gobierno Nacional impulsa la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 12 años y consideraron que de aprobarse la reforma, niños como el imputado en este caso podrían enfrentar procesos penales con consecuencias duraderas en sus antecedentes.
“Si esta normativa estuviera vigente, a este niño ya le habrían pintado los dedos, a un pre púber que no tiene ni el comienzo de su desarrollo, ni bigotes le salieron”, señaló Jerez.
“Al momento de pensar en la baja de imputabilidad hay que tener presente que abarca a todos los niños desde los 12 años en adelante. No solo al menor delincuente de la calle, adiestrado por adultos inescrupulosos para cometer delitos, sino también a los chicos que provienen de un ámbito familiar contenedor que en un momento de juego, habrían lesionado a un amigo sin quererlo. También les cabría una persecución penal y una mancha en sus antecedentes”, remarcó Jerez, quien además es psicólogo.
“La Fiscalía Penal Juvenil se vería desbordada, teniendo que intervenir en casos de bullying, golpes accidentales en juegos, burlas entre compañeros de entre 12 y 16 años. Este tipo de abordaje no solo saturaría el sistema judicial, sino que también desviaría la atención de los organismos especializados en la resolución efectiva de estas problemáticas. La punición no es la solución. El caso de un niño imputado en Catamarca plantea la necesidad de revisar los mecanismos de intervención en los conflictos entre menores”, finalizó.
