Advierten que la Defensoría del Pueblo se define con los dos tercios de la Legislatura
La presidenta del bloque de la UCR remarcó que el cargo no es elegido por el Ejecutivo sino que por intermedio de una Comisión Bicameral que debe abrir la convocatoria.
El Gobierno de la Provincia anticipó que una de las medidas de ajuste que implementará será la disolución del Ente Regulador de Servicios Públicos, para que estas facultades sean asumidas por la Defensoría del Pueblo, figura que ya existe desde 2011 pero hasta el momento no había sido implementada. En tal sentido, se anticipó que el nombre apuntado para el cargo es Dalmacio Mera, que dejará el Ministerio de Educación para que su lugar sea ocupado por Nicolás Rosales Matienzo. Sin embargo, la presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, advirtió que el mecanismo de designación de la Defensoría del Pueblo requiere de la participación de la Legislatura. "Quieren imponer a Mera sin respetar ningún paso", reclamó.
La diputada alertó sobre el "uso abusivo de los decretos acuerdos", y cuestionó que a pocos días del inicio del período de sesiones ordinarias, el gobernador Jalil "dicta decretos que sólo podemos aceptar o rechazar, sin posibilidad de modificaciones, o bien dejarlos caer en el olvido por falta de tratamiento". En esa línea, Carrizo cuestionó la "designación irregular del Defensor del Pueblo, para el ministro Mera que deja en llamas la educación catamarqueña".
"El Defensor del Pueblo debe ser seleccionado a través de un proceso transparente que está fijado por la ley 5.337: inscripción abierta, evaluación de una Comisión Bicameral y aprobación por dos tercios de ambas Cámaras. Sin embargo, el Gobierno quiere imponerlo sin respetar estos pasos", reprochó Carrizo, y recordó que el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, que sí cumplió con el procedimiento legal, "aún no puede asumir por falta de presupuesto".
Carrizo también recriminó que La Defensoría del Pueblo no tiene partida presupuestaria asignada para este 2025. "Sin embargo, el Gobierno anunció el nombramiento por decreto del actual ministro Dalmacio Mera, sin convocatoria ciudadana ni consenso legislativo. Esta decisión viola flagrantemente la ley y pretende colocar a un defensor que no defenderá a nadie más que al poder", disparó.
El mecanismo
El proceso de selección, designación y hasta la remuneración del Defensor del Pueblo está establecido en la ley provincial nº5.337 sancionada en 2011 y vigente. Según la norma, ambas Cámaras debían elegir una Comisión Bicameral Permanente una vez promulgada la ley, integrada por siete senadores y siete diputados, debiendo mantener la proporción de la representación del cuerpo. La Comisión debía publicar y difundir la apertura del registro de postulantes para que los ciudadanos por si o a través de organizaciones no gubernamentales, se inscriban como aspirantes al cargo, debiendo presentar sus antecedentes.
Esa lista de candidatos resultante debe ser publicada en el Boletín Oficial y allí se abre un período de observaciones e impugnaciones. Finalizado este plazo, la Comisión elige, mediante mayoría simple, hasta tres candidatos entre los propuestos. A partir de allí, la Cámara de Diputados deberá convocar a una sesión especial para elegir a uno de los candidatos y darle acuerdo "con las dos terceras partes de sus miembros". Ese acuerdo se remitirá para su consideración a la Cámara de Senadores, que también debe aprobarlo con las dos terceras partes. Si no hubiera acuerdo, el mecanismo prevé que vuelva a intentarse con los otros dos candidatos que quedaron pendientes.
Además, la ley prevé que el mandato del Defensor del Pueblo tendrá una duración de cinco años y que podrá prorrogarse desde el cumplimiento de su plazo hasta tanto se verifique la designación de su reemplazante; y puede ser reelecto solo por un período consecutivo. Se determinó que percibirá una remuneración equivalente a la del cargo de diputado provincial.
Vacante hace más de 15 años
El cargo fue introducido en Argentina con la reforma de la Constitución en 1994. El primer Defensor del Pueblo fue Jorge Luis Maiorano hasta diciembre de 1999, cuando fue reemplazado por Eduardo René Mondino. Este último fue reelecto y concluyó su mandato en diciembre de 2008. Desde 2009, la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación no ha designado a un sucesor.
Actualmente el organismo está a cargo de Juan José Böckel, quien es el subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En algun oportunidad, Böckel ha solicitado la intervención de Naciones Unidas para que se acelere la elección de un titular de la Defensoría.
En declaraciones públicas, el funcionario mencionó que el principal inconveniente para la designación es "la política", ya que, como en Catamarca, el Defensor necesita el acuerdo de los dos tercios de ambas Cámaras para ser designado.
